ABR 302015 El Pleno del Congreso aprobó el dictamen mediante el cual la LXXII Legislatura emite su voto a favor de la minuta con proyecto de decreto que remite la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de combate a la corrupción. El dictamen puntualiza que la corrupción, como sostienen diversos estudios en la materia, han logrado instaurarse en un sistema con capacidad de autorregularse y, por ende, de actualizar mecanismos de defensa frente a los esfuerzos gubernamentales por combatirla. En este sentido, este dictamen reconoce que el diseño legislativo de combate a la corrupción debe ser el idóneo para alcanzar mayores estándares de buen gobierno. Además, se asume que los esfuerzos ejecutivos deben estar concentrados en la prevención de los actos de corrupción y no en la sanción de los mismos, aunque este segundo aspecto debe modernizarse y, bajo un esquema garantista, ser efectivo en su aplicación. No existen, explica el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, estrategias que eliminen por completo los actos de corrupción, pero sí aquellas que bajo los esquemas propuestos por la Alianza por el Gobierno Abierto, suscrita por el Estado Mexicano, logren fortalecer los canales de comunicación entre Estado y sociedad civil: mejora en los estándares de transparencia, rendición de cuentas y de respuesta hacia los ciudadanos. Es así como deben fortalecerse los controles internos y externos para combatir a la corrupción bajo un esquema legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes. Los esfuerzos aislados seguirán siendo incapaces de alcanzar los mejores resultados, por lo que resulta indispensable transitar a un Sistema Nacional Anticorrupción. De esta forma, se propone la modificación de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. El Sistema propuesto resulta de la coincidencia de las distintas iniciativas de crear una instancia con capacidad de mejora continua del desempeño de la administración gubernamental; además de tener la capacidad técnica y objetiva para medir y evaluar el desempeño del servidor público en el marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, por lo cual estos mismos principios resultan imperantes y aplicables para los particulares que se ubiquen en cualquiera de estos supuestos, en especial cuando se afecte a la Hacienda Pública o el patrimonio de los entes públicos federales, locales o municipales. La Comisión dictaminadora consideró constitucionalmente válido dado que las modificaciones pretenden fortalecer la función pública al dotarla de mayor contenido democrático e involucrar a los ciudadanos, titulares del poder público, en la generación de instrumentos que profesionalicen el actuar de los involucrados con los recursos públicos. |
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