| JUL 202025 El gobierno de Michoacán y sus instituciones ambientales deben hacer un alto en el camino para revisar críticamente la política ambiental. Los fenómenos que durante años han venido rompiendo los equilibrios ecológicos ancestrales de Michoacán siguen imparables. La tala ilegal y el cambio de uso de suelo, que se han convertido en una práctica ordinaria y que se han llevado el 68 % de los bosques que existían hace 30 años, representan una realidad brutal y hasta ahora indomable. Lo que esta pérdida representa para la vida natural de nuestro estado, de su paisaje, para la economía y los servicios ambientales es invaluable y no puede ocultarse. La tragedia ambiental no ha podido ser frenada por la política ambiental federal ni tampoco por la estatal de las últimas décadas. Las políticas han nacido maniatadas a pesar de ser pertinentes, o bien por la ausencia de los recursos para aplicarlas o bien por el nivel de corrupción que sigue imperando entre algunos servidores públicos. En la práctica las políticas han quedado reducidas al cumplimiento de una mera formalidad para justificar los míseros recursos que el estado les asigna. No en vano los indicadores de impunidad ambiental colocan a Michoacán en el lugar 27 de las 32 entidades. Con datos de 2020 la revista ÍCONOS publica un texto denominado "Números de la injusticia ambiental: la medición de la impunidad en México", en el que se identifica la impunidad a través de los siguientes indicadores: "imposibilidad de investigar, perseguir, enjuiciar, sancionar y reparar los delitos y daños en contra del medioambiente; el incumplimiento de objetivos de política ambiental y climática; y, la inexistencia de estrategias y programas de políticas públicas de largo plazo o intergeneracionales." En ese año Michoacán apenas alcanzaba una puntuación de 1.76, por abajo del promedio nacional que fue de 1.93 y muy lejos del 4 que es la mejor calificación que se le otorga a las entidades en donde menos impunidad existe. El brutal recorte al presupuesto de este sector y la desaparición de instituciones ambientales desde 2019 habrá contribuido, con toda seguridad, para que la calificación haya empeorado en los cinco años siguientes. El caso de Michoacán, que ya se ubicaba en los últimos lugares, es muy probable que haya empeorado. Baste un ejemplo, los datos oficiales indican que en el 2022 nuestra entidad perdió 27 mil hectáreas de bosques, pero no existe noticia alguna de que esos bosques hayan sido recuperados con la intervención de las instituciones ambientales como entes ecosistémicos, es decir, pasaron a formar parte del amplio catálogo de la impunidad ambiental, es decir, de bosques y ecosistemas perdidos. A finales del 2023 la organización internacional Climate Rigths International (CRI) identificaba dentro del Área Natural Protegida (federal) del Pico del Tancítaro una gran cantidad de plantaciones aguacateras que están exportando "legalmente" al mercado estadounidense. Ninguna de esas huertas, escandalosamente ilegales, han sido canceladas y recuperado el territorio a su origen forestal. La incapacidad sistémica de las instituciones ambientales ha hecho posible el empoderamiento de talamontes, aguacateros ilegales, frutilleros, de sus asociaciones como APEAM, que de facto protegen el cambio de uso de suelo porque ven en ello alternativas de nuevos cultivos para sustituir suelos aguacateros en proceso de agotamiento por la saturación de fertilizantes inorgánicos. Esta funesta realidad se refleja en el hecho de que de las 105 recomendaciones que ha generado el Consejo Estatal de Ecología de Michoacán (COEECO), desde el año 2002, referidas a la atención de diversos problemas ambientales, no se haya atendido ninguna hasta la fecha. Entre esas recomendaciones figuran la atención al cambio de uso de suelo, la expansión irregular del aguacate o la gestión para que la Loma de Santa María y el río Chiquito se reconozcan como Área Natural Protegida. La debilidad de las instituciones es un fenómeno que el gobierno debe revisar con responsabilidad autocrítica. El que no hayan podido frenar la tala ilegal y el cambio de uso de suelo es un hecho que debe ser valorado con detenimiento para encontrar las causas, explicarse el hecho, pero, sobre todo aplicar soluciones. Según un estudio de la UNAM, auspiciado por el Instituto de Ecología y Cambio Climático, denominado "Estimación de las pérdidas económicas por la tala ilegal en México: 2022", en el país se comercializa un 70 % de madera ilegal. Si en Michoacán existe una elevada impunidad el porcentaje estatal es probable que esté por arriba de esta cifra. Así de grave es el problema. Para Michoacán hablar de cambio de uso de suelo, tala ilegal, privatización de aguas y extinción de ecosistemas, es hablar de los problemas ambientales que están determinando el presente ecológico de la entidad, comprometiendo la sostenibilidad futura, agudizando la precariedad económica y humana de la población y ocasionando conflictos socioambientales que vulneran la paz social y la gobernabilidad. Las instituciones tienen datos sobre la pérdida de bosques por el cambio de uso de suelo y la tala ilegal, pero hasta ahora no se conoce el tamaño de la reducción de la población de especies, ocasionada por el desplazamiento, la fragmentación de corredores biológicos por la instalación de plantaciones, de cercos y por el uso de plaguicidas. No se tiene la medición del impacto en los equilibrios ecosistémicos, en la calidad de la vida humana y en el derecho de todos a un medio ambiente sano. Se estima que en el 2025 Michoacán perdió 13 mil hectáreas de bosque, principalmente por incendios forestales; otra estimación indica que en promedio se pierden al año 20 mil hectáreas por deforestación y cambio de uso de suelo. Tan solo en Zirahuén en los últimos años se perdieron por tala ilegal 1000 hectáreas de bosque. De 2018 a la fecha, de acuerdo con información oficial, se han recuperado por denuncia alrededor de 1000 hectáreas de más de 30 mil que fueron devastadas tan solo en ese periodo, es decir, apenas un rezagadísimo 3 %. Ese 3 %, sin embargo, podría ser aún menor porque no existe seguimiento para verificar que la recuperación se cumpla. Las instituciones no tienen presupuesto para ello. La debilidad de las instituciones ambientales supone por necesidad la debilidad de la política ambiental. Y si las instituciones están débiles eso lleva a lo evidente: los ecosistemas están abandonados y quedan en las manos de poderes fácticos que se dedican a lucrar con ese abandono. El relevo en la Fiscalía Ambiental del Estado, una institución denunciada por los actos de corrupción que algunos de sus funcionarios protagonizan, es una oportunidad para ajustar la operación instrumental de la ley a los requerimientos de una renovada política ambiental que ponga en el centro de su actuación las categoría de Justicia Ambiental y Justicia Climática y en la cual participen las instituciones federales y municipales. Lo anterior debe suponer el freno al cambio de uso de suelo, a la tala ilegal, a la privatización de aguas y debe implicar la conservación de ecosistemas y sus especies. La impunidad ambiental debe terminar, lo que queda de bosques debe permanecer y se debe iniciar con procesos de recuperación de las miles de hectáreas que han sido arrasadas. No hay otra manera de asegurar la justicia ambiental y la justicia climática. En verdad se haría historia si el próximo año se convocara a una gran reforestación, pero de por lo menos 5000 hectáreas recuperadas al cambio de uso de suelo ilegal. Sería un precedente extraordinario. No sería más que la victoria de la ley y la sociedad sobre la delincuencia ambiental. La revisión crítica de la política ambiental es urgente e imprescindible. El gobierno tiene la palabra; en los ciudadanos está y seguirá estando el reclamo. |
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