ABR 302012 "Los recientes hechos violentos y delincuenciales dan señales de que se requiere revisar los mecanismos bajo los cuales operan estos centros de apoyo a los estudiantes de bajos recursos", opinó la legisladora. Indicó que la finalidad con el que fueron creadas las Casas es ser un apoyo solidario para los estudiantes de bajos ingresos económicos y estar en posibilidad de estudiar y concluir una carrera universitaria; sin embargo, Laura González lamentó que el objetivo de las Casas se haya desvirtuado y los jóvenes que en ellas residen delincan y afecten a los ciudadanos, quienes con sus impuestos contribuyen a que se sigan manteniendo estos apoyos. "Cuestionamos el funcionamiento de las Casas cuando pierden su misión y los jóvenes defienden sus demandas violentando la paz social y desestabilizando, debemos privilegiar el diálogo, el consenso, pero de ninguna forma ser cómplices de actos delictivos, ya que ninguna causa justifica poner en riesgo a los ciudadanos". La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos indicó que tanto la autoridad universitaria como el Ejecutivo estatal deben revisar de manera inmediata el funcionamiento de las Casas del Estudiante, las cuales durante años han sido objeto de cuestionamientos sin clarificar acerca de la operación y el destino de los recursos que se les asignan, "por lo que considero oportuno empezar a ordenar y transparentar esta gestión por parte de las autoridades universitarias, porque todos somos responsables de las acciones u omisiones que se tomen respecto a este tema". Laura González también se pronunció por implementar mecanismos de corresponsabilidad con los estudiantes que reciben el apoyo, de manera que se vaya formando una conciencia ciudadana y generar así una sana trayectoria académica de los universitarios. Finalmente, González Martínez consideró pertinente la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en aquellos casos en los que la autoridad estatal haya cometido acciones arbitrarias durante la detención de los jóvenes y que sea la instancia la que se pronuncie acerca de los métodos usados por las autoridades durante el desalojo, recuperación de los vehículos y detención de los presuntos implicados en los hechos delictivos. |
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