NOV 262014 En su intervención en tribuna, la diputada independiente Selene Vázquez Alatorre, dijo que detrás de la autorización de este nuevo financiamiento "hay intereses poco claros", por lo que no dudo en abrir públicamente los siguientes cuestionamientos: "¿de a cómo fue el moche?, ¿cuánto les dieron?, ¿de a cómo les tocó?". La aprobación del Decreto 22, consideró, "es una violación flagrante a las leyes vigentes del estado y una traición a la ciudadanía, quien será, dijo, quien cargará sobre sus hombros este nuevo endeudamiento que se ha presentado como "la única salida", para hacer frente a la crisis que vive la entidad. Por su parte el legislador, también independiente, Uriel López Paredes, al subir al estrado puntualizó que la aprobación del dictamen de mayoría para la reestructura y refinanciamiento de la deuda, "ya estaba amarrado antes de que se diera la discusión". López Paredes dijo que el Congreso del estado, "vive un diálogo de sordos. Las cosas aquí ya se amarraron", y recalcó que el estado esta en serio riesgo financiero, por el mal manejo de los recursos. El Congreso, consideró, "no solo ha sido responsable, sino también generoso con el gobierno y todas las solicitudes económicas que ha hecho", pero manifestó que en esta ocasión "ya estamos cansados del mismo disco rayado que todos los estos años nos envían con diferente bailarina". El diputado Reginaldo Sandoval Flores, al abordar la tribuna igualmente cuestionó que no exista un banco de proyectos que respalde la autorización del financiamiento, y reprochó a la Secretaría de Finanzas que no haya proporcionado los datos precisos del destino que tomaron otros recursos, igualmente autorizados por el Congreso. El diputado único del Partido Verde Ecologista (PVEM), César Morales Gaytán, también integrante de la Representación Parlamentaria, votó igualmente en contra de la aprobación del Decreto 22. Solo el diputado Sarbelio Molina Vélez cedió su voto a favor al considerar que era necesaria esta medida para poder reactivar la economía estatal, que hoy se encuentra estancada y con pagos pendientes a proveedores del gobierno, desde el año 2006. |