MAR 122019 La opacidad y la ambigüedad de la legislación nacional y local deja en la indefensión a las mujeres, menores de edad y personas con discapacidad, que son en su mayoría los acreedores a las pensiones, pues la cantidad que se fija por parte de los juzgadores resulta insuficiente para cubrir todas sus necesidades, explicó. Actualmente, las pensiones alimenticias provisionales asignadas en los casos de divorcio o separación de la pareja, se otorgan en base a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), si es que no se puede comprobar los ingresos de una persona. No obstante, agregó la diputada, "esta medida hace que pensión provisional resulte insuficiente para asegurar el derecho fundamental a recibir alimentación adecuada, nutritiva y suficiente, así como el derecho a la educación, salud, recreación, transporte y vestido". "Queremos hacer la ley más equitativa, y fijar fórmulas legales que permitan establecer parámetros para cuantificar el pago de alimentos de manera justa y equilibrada, velando por el bienestar tanto de los acreedores como de la persona obligada a proporcionarlos". De atender estos parámetros para fijar el monto de la pensión provisional, los jueces tendrán que tomar en cuenta la capacidad económica y las necesidades del deudor además de garantizar los derechos fundamentales de los acreedores considerando así el derecho de ambas partes. Así, concluyó Tinoco Soto, las pensiones deberán ser asignadas bajo el principio de proporcionalidad para que sean justas y equitativas, "con el propósito de que las necesidades de cada individuo en el plano biológico, intelectual, afectivo y social sean cubiertas y protegidas por la ley". De esta manera, se establece una herramienta para que la procuración e impartición de justicia sea más sencilla y facilite los procesos legales en beneficio del ciudadano, evitando trámites y disminuyendo los costos y tiempos de solución, mucho más en el tema de la pensión alimenticia; así esta garantiza el derecho de los acreedores. |
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