SEP 252013 Para que tenga viabilidad, cualquier iniciativa de nueva Ley, reforma o adición a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), debe surgir de la propia comunidad universitaria, consideró este martes el diputado Salvador Galván Infante. Al participar como panelista en el Coloquio Autonomía y Financiamiento de las Universidad Públicas, efectuado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Michoacán recordó que en el marco del Acuerdo por Michoacán, tanto la autoridad universitaria como el Partido Acción Nacional plantearon el tema. En presencia del rector nicolaita Salvador Jara Guerrero, del coordinador del grupo parlamentario del PAN en la LXXII Legislatura local, Alfonso Martínez Alcázar, y de autoridades universitarias de otras entidades federativas, Galván Infante recordó que para proponer cambios en la materia están facultados la propia Casa de Estudios, el Ejecutivo estatal o los mismos legisladores. Sin embargo, dijo, lo deseable y la experiencia histórica así lo ha señalado, es "que surja de su comunidad, representada en el Consejo Universitario". El legislador recordó que el interés más significativo de la revisión propuesta tiene que ver con el sistema de pensiones y jubilaciones, que para la institución representa una carga financiera muy importante, de 600 millones de pesos anuales. En su exposición, el también ex rector nicolaita presentó algunas reflexiones sobre la autonomía universitaria, al que consideró un tema político, programático, teórico y jurídico. Recordó que fue en el Decreto número 9, de fecha 15 de octubre de 1917, cuando el entonces gobernador Pascual Ortiz Rubio declaró independiente del Estado, la educación superior, así como el establecimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Michoacán, bajo la denominación de Universidad Michoacana de San Nicolás de Ocampo. Apuntó que desde una perspectiva teórica, el principio de autonomía universitaria se funda en una filosofía de la libertad, según la cual la educación que se imparte en un estado democrático debe ejercerse en la libertad y servir a ésta. Respecto a la dimensión jurídica, expresó que el ejercicio de la autonomía no hace superior a la universidad frente al Estado, ni consiste en su separación arbitraria de la universidad respecto del mismo, ni constituye un salvoconducto que consagre la masividad incontrolada o el desorden institucional, "puesto que el alcance de este principio solo reconoce a la universidad pública capacidad de autogestión, de autoregulación y autogobierno, para dar mayor eficacia a los servicios educativos que presta a la nación". |
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