ENE 282014 Denunció la diputada local perredista, Cristina Portillo Ayala presunta omisión en la aplicación de leyes por parte del Gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, mismas normativas que el poder legislativo aprobó desde el año pasado. Detalló que la Ley para la Protección para Niños, Niñas y Adolescentes no ha instalado ni siquiera un consejo necesario para dar seguimiento puntal a este sector de la población e incluso consideró más grave que la normativa vigente para trata de personas sea letra muerta. Portillo Ayala con datos del INEGI y agencias investigadoras norteamericanas dedicadas al tráfico de personas aseguró que Michoacán ocupa el tercer lugar en trata de personas y es el tercer ilícito que genera más ganancias a grupos delincuenciales, mientras en el país se estima que 250 mil niños son víctimas del comercio sexual. La legisladora aurinegra indicó que mediante una solicitud al acceso a la información se dieron cuenta de que lo que mandataba las leyes en las que trabajo esta legislatura local no fueron aplicadas y estimó se debió a las complicaciones de las enfermedades por las que pasaron tanto Vallejo Figueroa y la directora del Sistema DIF Estatal, Nelly Sastre Gasca. Cabe recordar que la información proporcionada por gobierno estatal dio cuenta del procedimiento quirúrgico por un trasplante de hígado que Fausto Vallejo se sometió, mientras que Sastré Gasca se presume fue por una lipoescultura con malos resultados para su salud. Y es que la diputada aurinegra y ex secretaria de la Mujer en la pasada administración explicó que el Consejo Estatal de Protección, Vigilancia y Seguimiento de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes debía ser integrado por los titulares estatales de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Mujer, de la Procuraduría General de Justicia, DIF, representante de alcaldes y el mismo gobernador, el cual dijo no se ha conformado a la fecha. Sumo a esto las denuncias recibidas de la Región de Tierra Caliente por rapto de personas y lo calificó de abandono de la autoridad a este sector de la población. Finalmente, informó de la reunión de documentos que den cuenta de la omisión del ejecutivo estatal en la aplicación de la norma vigente para tomar acciones desde el Poder Legislativo. |
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