MAR 112021 Durante la reunión sostenida con la coordinadora de la Comisión Ejecutiva y presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Elizabeth Vázquez Bernal y Rosmi Berenice Bonilla Ureña, respectivamente, se coincidió en que la propuesta de dicha política debe fortalecer cuatro ejes estratégicos: combatir la impunidad, fortalecer la cultura de la legalidad, impulsar la participación ciudadana y garantizar la transparencia y el control en el ejercicio de los recursos públicos. Se destacó que mantener una interacción entre los Órganos de Gobierno y la Secretaría Ejecutiva, la Comisión Ejecutiva y el CPC del Sistema Estatal Anticorrupción, es a fin de que puedan realizar aportaciones y comentarios que impulsen la construcción de una Política Local Anticorrupción. Huergo Maurín señaló que dicha propuesta, que está sujeta a un esfuerzo de coordinación con los integrantes de las cámaras empresariales y organizaciones de la Sociedad Civil, para lograr su implementación y avanzar en la construcción de la misma, debe atender las principales acciones que nuestra sociedad demanda en materia de combate a la corrupción. En la reunión que se llevó a cabo en oficinas centrales de la Secoem, se manifestó que la presentación de propuesta busca garantizar un control efectivo de las distintas manifestaciones de la corrupción en todos los niveles de gobierno, a través de la coordinación interinstitucional. Se explicó que cuatro ejes, 18 prioridades y 31 objetivos componen el documento que está basados en los lineamientos emitidos por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y que, por ello, al revisar la propuesta de Michoacán, la SESNA la calificó como la tercer a nivel nacional con la mejor estructura y metodología. Ante esto, Huergo Maurín dijo que estas reflejan la situación y el gran reto que el Gobierno del Estado, que mandata Silvano Aureoles Conejo, tiene por delante para combatir la corrupción, por lo que se deben enfocar los esfuerzos en acciones concretas en las que su implementación refleje resultados positivos en beneficio de las administraciones públicas y de los ciudadanos. |
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