ABR 082013 En Michoacán hay más de 270 expedientes de desapariciones forzadas de michoacanos y ante la necesidad de que se legisle en la materia, se realizará un foro público sobre este problema, afirmó el diputado Eleazar Aparicio Tercero, tras resaltar que urge que la entidad cuente con un marco legal en este reglón. El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que dicho foro se realizará en el Congreso del Estado, y se hará en vinculación con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., el Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México "Alzando Voces" y la Fundación Diego Lucero A.C. Enfatizó que en Michoacán es apremiante que se legisle en la materia, por lo que él presentó hace unos meses una propuesta que aún no se ha dictaminado pese a la importancia y a que es un reclamo social. El Foro Público "La urgencia de Legislar en Materia de Desaparición Forzada en Michoacán", expuso surge por familiares de las víctimas y de legisladores, más aún cuando el propio procurador General de Justicia en el Estado, Placido Torres reconoció hace unos días que son 270 los expedientes sin resolver correspondientes a desapariciones forzadas en la entidad y un número similar por secuestro. Recordó que hace también unos días el PRD documentó 131 casos de presuntas desapariciones forzadas que se habrían cometido en Michoacán en contra de campesinos, activistas sociales, periodistas y estudiantes, denuncia que fue hecha por el senador perredista, Luis Sánchez Jiménez. Eleazar Aparicio, adelantó que el evento será el próximo 2 de mayo, a las 11 de la mañana en el Congreso del Estado, en el que se presentará un esbozo histórico de la Ley sobre Desaparición Forzada en Michoacán, por parte de la Fundación Diego Lucero A.C, mediante la doctora Blanca Hernández Díaz. La finalidad del evento, destacó que es la necesidad de una ley integral que prevenga, sancione y erradique las desapariciones Forzadas en el estado de Michoacán, por ello, el senador Luis Sánchez hablará sobre los mecanismos de protección contra la Desaparición Forzada a nivel Nacional y él expondrá sobre el mismo tema pero a nivel estatal. Asimismo, los integrantes del Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México Alzando Voces, hablarán sobre el acceso a la justicia y los integrantes de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C, expondrán sobre el marco jurídico que se requiere. De la misma forma, se abordará el tema sobre la "Obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos y Desaparición Forzada", la cual expondrá el representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios. Eleazar Aparicio recordó que en la propuesta de ley que presentó ante el pleno de la LXXII Legislatura argumentó que las entidades federativas como parte del Estado mexicano, tienen la obligación de armonizar el marco normativo del derecho interno respecto de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que México es parte, lo anterior con la intención de darle una operatividad real y efectiva a la protección de los derechos reconocidos internacionalmente, más aún cuando se encuentran catalogados en el ámbito internacional como crímenes de lesa humanidad ya que por su propia naturaleza ofenden y agravian a la humanidad en su conjunto. El diputado por el distrito de Pátzcuaro señaló que si bien se entiende que la desaparición forzada de personas constituye un delito de lesa humanidad, ya que es un crimen perpetrado con todas las ventajas que da el poder y no se limita a combatir a la insurgencia, sino que tiene por objeto aterrorizar a la población de una región, por lo que se considera un delito de Estado; planeado, ordenado, ejecutado y supervisado por funcionarios. Por ello, debe ser perseguido y castigado sin importar la jerarquía política ni la condición económica de quienes lo hayan cometido, penalizando tanto a sus autores materiales como a aquellos que lo ordenan. El delito de desaparición forzada, reiteró Eleazar Aparicio, se vulnera sistemáticamente una pluralidad de derechos humanos tales como la libertad, la integridad personal, la vida, así como garantías judiciales, entendiendo que estos derechos son los bienes más preciados en nuestra sociedad y que el Estado mexicano está obligado a promover y proteger el ejercicio de los derechos humanos de sus pobladores, con mayor razón en el tema que nos ocupa debe comprometerse a la tarea legislativa cuando son sus propios agentes quienes vulneran estos derechos. Es de suma importancia advertir que nuestro país ha sido responsabilizado por crímenes de desaparición forzada de personas, tal y como se manifiesta en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco vs México, mediante el fallo de fecha 23 de noviembre de 2009, en la cual, se establece el incumplimiento de adoptar disposiciones de derecho interno, respecto de la tipificación del delito de la desaparición forzada de personas, para garantizar la investigación y eventual sanción de los hechos constitutivos de desaparición forzada, determinando que el Estado deberá incluir en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar la legislación interna con los estándares internacionales en la materia. Eleazar Aparicio enfatizó que si el Estado mexicano y en particular el Estado de Michoacán, quiere comprometerse y dar cumplimiento a su obligación de respetar, garantizar, prevenir y proteger los derechos humanos y en particular el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida y el derecho a la protección y garantías judiciales, un paso fundamental es dotar a los ciudadanos de una legislación que eleve al grado de repudio estatal la desaparición forzada de personas, otorgando con ello a la sociedad civil herramientas de defensa suficientes y necesarias para erradicar la problemática. Lo anterior teniendo en cuenta que la desaparición forzada de personas es uno de los delitos cuya investigación se enfrenta a enormes problemas probatorios, sobre todo en la materia de responsabilidad de autores intelectuales, dado que generalmente no se logra demostrar que el superior ha dado la orden de desaparecer a la víctima y lo máximo que se logra probar es la responsabilidad de los autores materiales o en su defecto que determinada persona tuvo conocimiento del delito y lo toleró, es preciso legislar para penalizar el encubrimiento en el caso de las desapariciones forzadas, tomando en cuenta la gravedad y multiplicidad que implica el delito. |
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