SEP 062013 La reforma a la Ley Federal del Trabajo mostrará sus bondades en la medida en que existan tribunales que den certeza jurídica tanto a empresarios como trabajadores de que sus derechos serán respetados, afirmó el diputado presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, Jaime Darío Oseguera Méndez. Por esa razón, se comprometió a impulsar un mayor presupuesto para fortalecer a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, las ocho especiales, cinco en Morelia, una en Zamora, otra en Uruapan y una más en Lázaro Cárdenas así como las cinco permanentes en Apatzingán, Zitácuaro, La Piedad, Zacapu y Los Reyes. "Si queremos justicia laboral, tiene que haber calidad en el proceso de impartición de justicia y si las juntas están trabajando en condiciones precarias no pueden hacerlo y hasta se vuelven rehenes de los litigantes", indicó durante el cuarto y último foro "¿Conoces la Reforma Laboral?", realizado en el auditorio de la Universidad Don Vasco, de esta localidad. En el foro participó el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (JLCA), Miguel Ángel Gutiérrez Yépez, quien comentó que las juntas y tribunales laborales van a enfrentar todo un reto para aplicar las reformas debido al rezago que hay en materia de seguridad social, particularmente en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que urge armonizar con la del Trabajo. Sin embargo, el funcionario comentó que recientemente la JLCA sufrió un recorte de presupuesto y de personal por lo que la permanencia de las juntas permanentes, que si bien no tienen facultad de resolución pero sí de conciliación, estaría en riesgo a contrapelo de las necesidades. El presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, Rafael Rosales Coria señaló que, "con la reforma laboral a los juzgadores nos dieron el remedio pero no el trapito, por lo que de nada servirá la reforma si carecemos de los recursos y los espacios para la administración de justicia laboral". Como encargado de la sesión de preguntas y respuestas, el funcionario dijo que el salario mínimo vigente no es decente, como lo marca la reforma, "más bien es indecente ya que con 61 pesos 68 centavos una persona no puede alimentar, educar y recrear a su familia". Los foros realizados en Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Zamora y Uruapan, se organizaron con la idea original de dar a conocer en qué consiste la reforma a la ley porque a medio año de estar en vigor, trabajadores, empleados y sindicatos todavía no la conocen a cabalidad. Al foro asistieron también el diputado Miguel Amezcua Manzo, integrante de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, así como los legisladores Víctor Manuel Barragán Garibay y Rigel Macías Hernández, ambos oriundos de esta localidad. |
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