OCT 192017 La diputada priísta por el distrito de Tacámbaro en su iniciativa propuso una sanción de uno a dos años de prisión y de 250 a mil días de multa a las personas que falsifiquen documentos públicos y de uno a dos años de prisión y de 200 a 500 días de multa tratándose de documentos privados. Las mismas penas se impondrán a quien, con los fines señalados en el párrafo anterior, haga uso de un documento falso o altere o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiere sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco. La legisladora detalló que las penas se incrementarán al doble cuando se trate de falsificación agravada. "En la actualidad, el problema que genera el delito de la falsificación de documentos es una constante derivada de la corrupción que permea en la sociedad en general, lo que causa un grave malestar a todos los ciudadanos", agregó la congresista quien afirmó que ésta es una actividad común en el país. Como ejemplo citó los casos de falsificación de títulos y cédulas profesionales, así como actas de nacimiento, credenciales para votar, entre muchos otros, tras asegurar que el auge de la comisión de este delito radica en la accesibilidad de los costos de adquisición y fabricación de tales documentos apócrifos, lo que permea de manera directa en un problema social. |
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