SEP 022014 En sesión ordinaria, el Pleno de la LXXII Legislatura dio lectura a la Iniciativa de Ley para Garantizar el bienestar de los usuarios de servicios de rehabilitación, albergue, internamiento, asistencia social o privada del Estado de Michoacán. En tribuna, la diputada Rosa María Molina Rojas, expuso que esta iniciativa pretende garantizar que los prestadores servicios de rehabilitación, albergue, internamiento, asistencia social y análogos, proporcionen un entorno seguro y libre de violencia, así como las condiciones para el cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar la integridad física o psicológica de los usuarios. Asimismo, dijo, deberán proporcionar condiciones óptimas de higiene y alimentación, calidad en el servicio para el desarrollo educativo, biológico, cognoscitivo, psicomotriz y socio afectivo; especialmente deberán garantizar el acceso a las visitas de padres, tutores o familiares y el consentimiento del usuario o de sus representantes legales para recibir el servicio. También deberán contar con personal capacitado y apto para brindar protección y seguridad de los usuarios, supervisión e inspección efectiva en materia de salud y protección civil. Molina Rojas, destacó que para la elaboración de esta iniciativa los legisladores se dieron a la tarea de revisar la normatividad vigente de los albergues y casas de asistencia, así como de centros de rehabilitación e internamiento. En ese sentido, encontraron que las disposiciones en la materia contenidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-20112, así como en la Ley de Asistencia Social; la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ambas del Estado de Michoacán, establecen la prestación de servicios de rehabilitación, albergue, internamiento y asistencia social. Sin embargo, dijo, la realidad indica que no todos los establecimientos dedicados a la prestación de estos servicios se constituyen legalmente como instituciones de asistencia privada, de ahí la urgente necesidad de construir una normatividad jurídica apegada a la realidad social en que se encuentran niños, adultos y adultos mayores, procurando con ello la mayor protección a su integridad física, emocional, psicológica y jurídica. La legisladora añadió, que en esta propuesta se propone conformar un ordenamiento jurídico que contenga claramente las disposiciones que deben satisfacerse en la materia, apegadas siempre a las normas y ordenamientos referidos, así como determinar el mecanismo de instrumentación para realizar la verificación de los establecimientos que presten estos servicios. La iniciativa fue presentada a nombre de los diputados Antonio Sosa López; Cesar Chávez Garibay; Daniela de los Santos Torres; Eduardo Orihuela Estefan; José Bertín Cornejo Martínez; Juan Carlos Orihuela Tello; Marco Polo Aguirre Chávez; Marco Trejo Pureco; Miguel Amezcua Manzo; Olivio López Mujica; Omar Noé Bernardino Vargas; Rigel Macías Hernández; Salomón Fernando Rosales Reyes; Salvador Galván Infante; Santiago Blanco Nateras y Víctor Manuel Barragán Garibay. Asimismo, de los legisladores Bertha Ligia López Aceves; José Eduardo Anaya Gómez; Laura González Martínez; María Eugenia Méndez Dávalos; José Sebastián Naranjo Blanco; Elías Ibarra Torres; Leonardo Guzmán Mares; Uriel López Paredes; Selene Lucía Vázquez Alatorre; Cesar Morales Gaytán y Sarbelio Augusto Molina Vélez. |
| Analistas |
 Ignacio Martínez ¿Educación en riesgo? |
 Erick Avilés Las maravilla de la educación michoacana. |
 Lorena Cortés Algoritmos violentos y masculinidades rotas |
 Alejandro Vázquez Cárdenas La ruta hacia la dictadura. |
 Erick Avilés El Estado Actual de la Rectoría Educativa |
 Erick Avilés El Largo Camino hacia la Rectoría Educativa |
