JUN 272013 Presentó amparo judicial por "albazo" en la presentación de iniciativa de Ley de Fomento y Fortalecimiento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Michoacán, la diputada local de la representación parlamentaria multipartidista, Selene Vázquez Alatorre, quien determinará que la propuesta presentada por el PRI, específicamente el legislador tricolor Juan Carlos Orihuela Tello no tomaba en cuenta a las otras 2 iniciativas ya realizadas con anterioridad. Consideró que la problemática con dicha idea de reforma a la legislación antes mencionada se focaliza en que se sometería a las organizaciones civiles a la dirección de la Secretaría de Gobierno para otorgarles recursos y realizar sus actividades, por lo cual el recurso legal implementado pide parar la dictaminación y reponer el proceso por la ausencia del análisis, discusión y trabajo de comisiones unidas como Desarrollo Social y Justicia. Recordó que Orihuela Tello presentó la iniciativa para primer lectura el pasado 11 de junio, la cual afirmará exhibe dolo de exclusión del proyecto presentado por las mismas agrupaciones civiles, quienes se quejaban de estar bajo las reglas normativas de la Junta de Asistencia Privada y las dificultades que les representaba gestionar ante ella recursos. Vázquez Alatorre incluso vio cierta complicidad de legisladores panistas para negociar el impulso de esta ley, toda vez que afirmó que la diputada albiazul, Ligia López Aceves presuntamente negocio en una plática sostenida con el gobernador interino, Jesús Reyna García, la ley referente a notarias y así obtener 3 consejerías de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al mismo número de distinguidos blanquiazules. Temió que esta acción dejaría sin "dientes" o indefensión a la ciudadanía ante la vulneración de sus derechos humanos por una autoridad de gobierno estatal. La legisladora local trajo a cuenta que en tiempos del ex gobernador, Leonel Godoy Rangel en la Secretaría de Política Social (SEPSOL), las organizaciones civiles podían acceder a recursos mediante el programa de trabajo en inversión social por alrededor de 9 millones a repartirse entre las 150 agrupaciones civiles existentes en el estado. Determinó que la gravedad de que la institución en cargada de la política interna del estado maneje los recursos a repartir entre las organizaciones sociales sea que sólo reconoce a la Confederación Nacional Campesina (CNC), Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Confederación de Trabajadores de México (CTM) y sindicatos, todas ellas a fines al priismo. |
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