NOV 232016 Al respecto, el representante popular explicó que a la par del aprovechamiento y explotación sustentable con fines turísticos y comerciales, se debe de fomentar el desarrollo y crecimiento económico de la entidad, sin excluir a los pobladores del lugar, que regularmente viven en zonas de alta marginación. Señaló que Michoacán posee grandes riquezas naturales, sin embargo, no se acompaña de planeación y políticas públicas, esta se convierte en una desventaja y en un empobrecimiento sistemático para los pobladores de dichas zonas privilegiadas. Y como ejemplo citó la minería, aguacate, madera y las playas no son la excepción. Preció que Michoacán cuenta con 228 kilómetros de litoral, distribuidos a lo largo de los tres municipios costeros: Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas, que en conjunto representan el 2 por ciento del litoral del territorio Nacional. Sin embargo, existe una pérdida casi imperceptible de los espacios comunes por grandes cadenas comerciales y hoteleras, que deben ser reguladas. "Es necesario realizar adecuaciones pertinentes a la legislación estatal, para despejar las lagunas legales que permiten el aprovechamiento indebido de las playas y bienes de uso común; a través del establecimiento de instrumentos legales que permitan sancionar a quienes impidan o limiten el acceso o el disfrute de tales espacios, ya sea para la recreación y esparcimiento o para la pesca, y a su vez, para garantizar la accesibilidad desde la vía pública a las playas, cuyo usufructo puede ser ejercido por cualquier persona", manifestó. El abogado de profesión, explicó que es necesario que la Constitución local, garantice el derecho de toda persona a acceder y disfrutar de las playas y bienes inmuebles de uso común; siendo obligación de la autoridad el preservar y mejorar dichos espacios, y la de los particulares la de respetar ese derecho. A fin de establecer los derechos de accesibilidad y disfrute de las playas y bienes de uso común, dijo que es necesario determinar las sanciones que sean susceptibles de aplicación a quienes violenten estos derechos. Dichas sanciones que deben ser equiparables a aquellas que se le imponen a otras conductas relacionadas con la acción urbanística y la utilización del suelo y las cuales podrían alcanzar hasta los 73 mil pesos. En suma la iniciativa, reconoce el derecho a la accesibilidad, disfrute, resguardo y mejoramiento, reivindicación y elimina la restricción para incentivar que sus habitantes y nativos no queden marginados de estos polos de desarrollo y literalmente viven ocultos en cinturones de miseria. |
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