MAR 272017 Ante la problemática financiera del estado, es urgente dictaminar y votar la iniciativa que busca establecer topes salariales a los funcionarios públicos y con ello frenar el dispendio de recursos que ha abonado a la inestabilidad de las finanzas estatales. Así lo consideró el coordinador de los diputados del PAN, Carlos Quintana Martínez, al señalar que la función pública no puede mantenerse lejana a la realidad que vive la mayoría de los ciudadanos y mucho menos hacer un gasto excesivo del ya de por sí escaso recurso que tienen las oficinas de gobierno en la actualidad. De lo anterior, destacó la oportunidad de acelerar la discusión de la iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que presentó a mediados del año pasado, una legislación que a 9 años de vigencia, ha quedado lejana a la actualidad del estado. Por ello, indicó, "resulta trascendental su modificación, sobre todo ante el hartazgo ciudadano por el mal manejo que la clase política ha hecho de los recursos y sobre todo, ante la exigencia de implementar una verdadera política de austeridad en todos los niveles de gobierno". "No puede haber municipios pobres y presidentes ricos, ni tampoco funcionarios que se adjudiquen salarios onerosos mientras los ciudadanos hacen esfuerzos enormes por racionar el gasto en sus hogares; por ello el Congreso debe sumarse a este compromiso y legislar para implementar una verdadera racionalidad en el gasto de los recursos de los michoacanos", asestó Quintana Martínez. Y es que con esta iniciativa, se evitan las disparidades injustificadas, privilegios y dispendios en los salarios, indicó el diputado panista, así como la insuficiencia de recursos que afectan el correcto desempeño de una dependencia o de los ayuntamientos. En conclusión y como parte de una sociedad cansada del mal manejo del dinero de los ciudadanos, Carlos Quintana hizo votos para que esta iniciativa sea dictaminada junto con los demás ordenamientos del Sistema Estatal Anticorrupción, a fin de consolidar en Michoacán el andamiaje legal que consolide gobiernos con un manejo transparente y eficaz de los recursos públicos. |
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