OCT 052017 La diputada por el distrito de Jacona explicó que el objetivo central de la iniciativa es actualizar progresivamente el andamiaje jurídico que incluye a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de políticas sociales con reglas de actuación previamente definidas con las que se pueden obtener mejores resultados que permitan avanzar en el camino de construir ciudadanía y de la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Campos Huirache mencionó que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), en México existen alrededor de 20 mil organizaciones de la sociedad civil que cuentan debidamente con su registro y acreditación, lo que significa que, por cada 5 mil 750 mexicanos, hay una institución social establecida. Agregó que este sector genera un millón de empleos al año, de los cuales el 45 por ciento son empleos remunerados y el resto se trata de voluntarios. La diputada priísta detalló que la reforma al artículo 5 de la Ley sugiere establecer de forma expresa que se recaben las acciones y opiniones de las organizaciones del sector social, para que, en el marco de los foros de consulta a que se refiere la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, coadyuven y participen en la elaboración del Plan de Desarrollo Integral del Estado, documento que conduce los demás instrumentos del desarrollo y la planeación estatal y municipal; lo que permitirá el aprovechamiento de instancias y sectores particulares de todas las regiones del estado. Además, dijo, como parte de los nuevos instrumentos de participación ciudadana, la adición a la redacción del mecanismo de la rendición de cuentas, ocupa un lugar fundamental en la iniciativa que se presenta, por reconocer este elemento esencial en la democratización del Estado e implicar nuevas prácticas de transparencia para el monitoreo sobre las actividades realizadas y el cumplimiento de los propósitos de las organizaciones, así como el balance de su situación financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma clara su situación, pero de manera especial, el uso y resultados derivados de las inversiones, apoyos y estímulos públicos obtenidos. Finalmente, dijo que "el sentido de la iniciativa es involucrar en un mayor grado a todos los sectores sociales en la experiencia pública, proporcionándoles las herramientas indispensables para que juntos, modificando hábitos y costumbres, podamos arribar a una nueva cultura de la legalidad desde la sociedad". |
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