MAR 112014 El presidente de este órgano descentralizado, José María Cázares Solórzano, acompañado del Consejo Ciudadano en la materia, detalló que las violaciones más frecuentes perpetradas por estas asociaciones civiles armadas a un año de su surgimiento en el Estado son leva, cobro de cuotas "voluntarias", allanamientos de casas habitación y señalamientos de individuos sin pruebas suficientes. En este mismo sentido el coordinador del Centro de Estudios y Divulgación de la CEDH, Germán Martínez Ramos, relató que a través de encuestas y presencia en la comisión en las regiones antes citadas pudieron establecer como zonas de mayor conflicto los municipios de Coalcomán, Aquila, Chinicuila y Coahuayana, así como la localidad de Bahía Bufadero (Caleta de Campos), en los cuales existe presencia de Grupos de autodefensa. En los municipios de Aguililla, Buenavista, Chinicuila, Coalcomán y Aquila, se pudo comprobar el desplazamiento de 200 familias de su hogar en un intento de escapar del actual conflicto. Tanto por reportes de la Visitaduría de Lázaro Cárdenas, así como por notas periodísticas, mientras en el último municipio se documentó la desaparición de 6 personas. Cázares Solórzano descartó conocer a fondo las recomendaciones que emitirá su homónimo en lo nacional al respecto de la entidad y afirmó que este ejercicio responde a dar una visión más real de lo que sucede en el estado. El coordinador del Centro de Estudios y Divulgación de la CEDH pese a que justificó la existencia de los grupos de autodefensa afirmaría que estas asociaciones no están capacitadas para brindar la seguridad y que se deben dar las reformas en materia policial y penal para establecer un marco jurídico más acorde a la realidad michoacana. Además de señalar que los integrantes de los autodefensas deben regresar a sus actividades cotidianas, convertirse en organizaciones pacíficas y sólo ayudar a procuración de seguridad. En resumen emiten 5 recomendaciones al ejecutivo estatal al respecto de garantizar los servicios públicos en los municipios, apoyo administrativo a sus dependencias estatales como la SSP, PGJE, así como recursos para la recuperación del tejido social en materia de salud y educación. Revisar el marco de participación de autodefensas con el gobierno federal, la portación de armas, depuración de policías estatales y municipales. Mientras a los municipios y sus autoridades asegurar la gobernabilidad y de no existir esa posibilidad recurrir a la federación para ello. La integrante del Consejo Ciudadano, Alma Baena afirmó que las violaciones de derechos humanos realizadas por las autodefensas son responsabilidad del estado mexicano. |
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