NOV 272025 Dentro de la sala, el cansancio era evidente, pero no detuvo la cascada de argumentos. "El Licenciado" tomó la palabra para afirmar que fue torturado tras su detención y que ni siquiera fue consciente de su estatus de detenido hasta llegar a las instalaciones de la Fiscalía. Alegó que en el momento de su captura únicamente se dirigía a ver jugar a su hijo. Negó cualquier vínculo con grupos criminales y, por el contrario, se presentó como un profesionista, licenciado en Ciencias de la Comunicación, excolaborador de la Comisión Federal de Electricidad y asesor de comunicación en el Congreso del Estado. El Juez escuchó todo aquello. Lo tomó en cuenta. Pero no hubo pruebas que acreditaran los señalamientos de tortura, por lo que únicamente ordenó que se investigara ese aspecto en lo individual; aun así, el proceso penal continuaría. Mientras tanto, las defensas, tanto del "Licenciado" como de los siete escoltas y policías municipales detenidos, intentaron robustecer sus líneas argumentativas. También declararon elementos de la Guardia Nacional que, según dijeron, formaban parte de un "segundo círculo" de seguridad, sin acceso al grupo más cercano al alcalde, integrado por ocho personas. Hubo también un intento de presentar un peritaje externo en materia balística. Según la defensa, se habría determinado que Víctor Hugo, el presunto tirador abatido en el lugar, murió por impactos de un arma distinta a la que portaba el propio Carlos Manzo. El estudio se basó únicamente en fotografías, pues la defensa no tuvo acceso a los casquillos originales. El Juez desechó la prueba: "no estamos viendo ese tema aquí, estamos analizando homicidio y lesiones", sentenció. Mientras la audiencia avanzaba, la Fiscalía exponía la columna vertebral de su investigación. De acuerdo con los datos de prueba presentados, "El Licenciado" sería el presunto autor intelectual de la agresión planeada con detalle, seguimiento al alcalde, rutas, logística, y la ejecución final. Lo vinculan al menos con tres hombres que participaron directamente en el ataque. Uno de ellos, Víctor Manuel "N", fue abatido en el lugar; los otros dos, Fernando Josué "N" y Ramiro "N", aparecieron muertos días después en hechos que, según la propia Fiscalía, podrían relacionarse con un intento de frenar las investigaciones. A la par, el Ministerio Público sostenía que la omisión de siete elementos municipales encargados de la seguridad del alcalde permitió la consumación del ataque. Sus nombres fueron enlistados uno a uno en la audiencia, imputados por homicidio calificado en su modalidad de comisión por omisión. La captura de los involucrados se realizó mediante un operativo conjunto entre la Guardia Nacional, la Sedena, la SSPC y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, derivado de órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso. Tras 18 horas de debate, alegatos y desacuerdos técnicos, el juez resolvió, todos vinculados a proceso. Prisión preventiva para los ocho y tres meses para la investigación complementaria, además de dos años como plazo máximo para concluir el proceso. Con ello, la Fiscalía General del Estado aseguró que mantendrá coordinación estrecha con el Gabinete de Seguridad para llevar a todos los involucrados ante los tribunales y esclarecer plenamente el crimen que estremeció a Uruapan y sacudió a Michoacán. |
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