DIC 072016 En ese sentido, la legisladora recordó que se solicitó información a los ayuntamientos sobre el cumplimiento del mismo, y tan sólo 19 contestaron la solicitud, de los cuales únicamente 8 cumplen con el porcentaje de personas en la plantilla laboral, aunque ninguno informó sobre el 2% de recursos destinados a este rubro. "Lo que sucede en el resto de los ayuntamientos es completamente desconocido". Es por eso que la legisladora propuso la creación del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que lejos de ser una bolsa de trabajo, deberá ser un organismo que diseñe y vigile el cumplimiento de las obligaciones que como estado se tienen respecto del bienestar de las personas con discapacidad por lo que pidió sensibilidad a fin de beneficiar de manera más eficiente a las personas con discapacidad. Recordó que en el año 2011, con la publicación de la Ley General para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, se plantea como principal objeto establecer las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. En la legislación vigente del Estado de Michoacán existe un importante avance de armonización en lo que se refiere a la Convención y a los ordenamientos federales en la materia. En particular en Michoacán contamos con la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Según información del INEGI, con datos del censo 2010, en Michoacán viven alrededor de 270 mil personas con alguna discapacidad, lo cual coloca al estado como la tercera entidad con mayor porcentaje respecto a la población total. La tasa de participación económica, es decir, el porcentaje de personas que se consideran económicamente activas, es del 29%, esto representa alrededor de 78 mil personas, la mayoría de ellas no tienen la posibilidad de integrarse al mercado laboral por falta de espacio, o de iniciar un negocio propio, por la falta de crédito. Ante ese escenario Nalleli Pedraza, recalcó "ninguna persona presente en este recinto debe sentirse ajena a las diversas problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad, bien sea porque viven de manera personal una discapacidad, o porque entre su familia o amistades se vive alguna discapacidad, o por el hecho simple de que un accidente, una enfermedad o la vejez nos puede llevar a cada uno de nosotros a vivir alguna discapacidad. Por lo tanto ninguna persona debe excluirse de la preocupación y atención de estas problemáticas". Resaltó que las personas con discapacidad no están pidiendo derechos adicionales, están exigiendo poder ejercer los mismos derechos, por lo que llamó a cerrar filas para fortalecer el diseño institucional de nuestro estado, a fin de beneficiar de manera más eficiente a las personas con discapacidad, "los derechos no están para discutirse, están para ejercerse y protegerse". |
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