SEP 012014 La 72 Legislatura del Congreso de Michoacán cumple con lo dispuesto en la Ley del Consejo Económico y Social del Estado, al conformar este órgano ciudadano, participativo, autónomo y de naturaleza consultiva, tal como se estableció en la iniciativa de ley aprobada en diciembre del 2011, aseguró el diputado Antonio Sosa López. El presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios resaltó que al retomar la integración del Consejo, la 72 Legislatura dio respuesta a un mandato judicial sobre el tema. Sosa López refirió que no se había instalado dicho organismo, porque se encontraron problemas en algunos artículos. Sin embargo, una vez que el Pleno de la 72 Legislatura apruebe su integración, serán presentados los 40 integrantes del Consejo Económico y Social de la entidad, quienes tendrán la tarea de hacer propuestas o acciones para integrarlos al Plan de Desarrollo Integral de Michoacán. De acuerdo con el dictamen de la Ley del Consejo Económico y Social, este organismo estará integrado por representantes de organizaciones empresariales, industriales, agrícolas y de servicios; de trabajadores industriales, de servicios, agropecuarios, pesqueros y del campo; de la sociedad civil, asociaciones de profesionistas, de consumidores, ambientalistas, de equidad de género, indígenas, migrantes, derechos humanos, educación, salud, niños, democracia, comunicación, desarrollo urbano, alimentación y desarrollo productivo. El Consejo Económico y Social de Michoacán se constituirá como un espacio para la concertación social, operando de manera colegiada con las instituciones de gobierno; sus consejeros serán de carácter honorífico. Asimismo, debe emitir recomendaciones a los órganos públicos estatales respecto de proyectos de leyes o decretos, o de propuestas de programas que tengan especial trascendencia en el desarrollo económico y social del Estado. Este organismo tendrá como propósito ser un puente entre la sociedad civil y el Gobierno del Estado de Michoacán y sus municipios, y con ello contribuir a que las decisiones administrativas en materia de desarrollo económico y social partan de un consenso sociedad-gobierno. |
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