JUL 242014 Tras la manifestación que protagonizaron ayer los ex policías y ex agentes de tránsito, en donde acusaron que los actuales jefes provenientes del Estado de México piden dinero, entre 10 mil y 50 mil pesos -dependiendo del cargo-, para poder sostener su permanencia. Vázquez Alatorre consideró que de ser ciertos dichos señalamientos, pueden configurar delitos, por lo que estos señalamientos deben ser analizados a profundidad de manera responsable. Por lo pronto, destacó que es una obligación constitucional que el secretario de Seguridad Pública Carlos Hugo Castellanos, comparezca ante el Congreso del Estado, para que explique las razones de los despidos, así como los criterios para contratar nuevos servidores públicos, muchos originarios del Estado de México. Vázquez Alatorre enfatizó que también el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, debe mostrar apertura y sensibilidad para tratar este problema, cediendo de entrada el derecho de audiencia con los 239 elementos despedidos. |
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