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Buscan evitar el uso discrecional del presupuesto destinado a OSC

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MAY
27
2013
Gerardo Castillo | Morelia, Mich.
Con la finalidad de acabar con el uso discrecional de recursos destinados a las Asociaciones Civiles en el estado, se realizó la rueda de prensa de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil para informar de los avances en la iniciativa para el desarrollo de 120 organizaciones de estas.

Cabe recordar que en el estado existen más 500 de ellas y anualmente tienen un presupuesto de 7 millones de pesos para fomentar su desarrollo.

A decir de la presidenta del Centro de Atención a Mujeres Violentadas (CAMVI) y profesora de la Universidad Autónoma Chapingo, Miriam Núñez la iniciativa ciudadana de la Ley de Fomento de las Actividades de Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la entidad pretende regular las Organizaciones Civiles (OSC) y evitar el uso discrecional del presupuesto destinado a ellas en el estado, así como crear observatorios ciudadanos.

Incluso, Núñez aseguró que actualmente y desde hace 2 años no hay un sólo programa social operado por una OSC y 200 de ellas se mantienen activas, de las cuales 120 acceden a recursos federales y extranjeros, debido a esto determinó existe un jineteo de recursos estatales a otras áreas.

Otra problemática revelada por la presidenta del Centro de Atención a Mujeres Violentadas fue el padecer como OSC una "persecución" de la Junta de Asistencia Privada para unirse a ellos, aunque descartó poder obtener ayuda para traer beneficio social a la población michoacana al aseverar que dicho instituciones se enfoca a actividades religiosas o proselitistas.

Asimismo, exhortaron a la Secretaría de Política Social (SEPSOL) a involucrarse como encargados de los presupuestos para las organizaciones sociales y que no sea la Secretaría de Gobierno por considerar un retroceso que la dependencia estatal encargada de políticas internas del estado se dedique a manejar los recursos.

Finalmente, es importante mencionar que desde hace 12 años no hay una legislación que regule a la OSC en la entidad.


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