MAR 132014 El Gobierno del Estado de Michoacán es una nulidad en la práctica del mismo modo que las autoridades municipales de la zona de Tierra Caliente, donde no existen garantías de seguridad para los ciudadanos, exhibe Bernardo León Olea, consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Criticó severamente la incompetencia de la actual administración, encabezada por Fausto Vallejo Figueroa, a quien le impusieron nuevos titulares en las áreas de procuración de justicia y seguridad pública como una muestra del mal desempeño de sus funcionarios en los rubros. Hizo énfasis que la presencia del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, pone de manifiesto la intervención y el refuerzo del Gobierno Federal para tratar de enmendar lo que no ha funcionado. "Las preguntas serían: ¿hasta cuándo se va restablecer esto, por cuánto tiempo será esta intervención, qué administración heredarán los ayuntamientos, qué policías municipales van a heredar?", cuestionó tras la presentación del informe del presidente de la CEDH en materia de seguridad y autodefensas. El consejero considera oportuno tener certeza sobre el tiempo que van a permanecer las guardias comunitarias en las localidades, así como de los procesos de incorporación de estos grupos a la Secretaría de la Defensa, Policía Federal o a la Gendarmería. Advirtió que las problemáticas de los gobiernos municipales permanecerán vigentes en caso de no estructurarse un buen plan de selección de nuevas autoridades aptas, de cara a los siguientes comicios electorales. "Creo que gran parte de los problemas que está viviendo Michoacán se deben a que la administración pública estatal y municipal ha sido un desorden, llegó el momento de que se restablezca el orden constitucional", sostuvo. Los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitan al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la declaratoria inmediata de situación de excepción en la región de Tierra Caliente, lo que implicaría la desaparición de poderes como en su momento lo sugirió el ombudsman nacional. Por su parte, el consejero Alejandro González Cussi, recalcó que el Congreso del Estado de Michoacán sería la instancia facultada para ejecutar dicha medida. Dejó en claro que la petición surge como una iniciativa consensada entre la totalidad de los miembros del Consejo Ciudadano. En este contexto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, se deslindó de la postura oficial de los consejeros. |
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