
JUL 032015 En el marco del 3er. Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública, Anaya Ávila hizo énfasis en la necesidad de integrar al órgano implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal al instrumento en teoría rector, de la política de seguridad michoacana. La debilidad estructural que ha privado en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, se ha visto reflejada en la debilidad de las policías municipales, y en la falta de involucramiento de los municipios en la formulación de políticas públicas operativas localmente, que tendrían que ser transversales a las del estado. Un caso crítico, señaló el Presidente de la AMALC, es que el Consejo Estatal para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal que ya entró en funcionamiento, no está incorporado al Consejo, lo que dificulta la vinculación que en términos de capacitación integral, se debe impartir a los policías, quienes además no cuentan con un registro estatal oficial de los cursos o del perfil de la formación táctica y académica que avale un esquema de profesionalización orientado al fortalecimiento institucional. En este sentido, Anaya Ávila consideró fundamental que durante los procesos de entrega-recepción de los 113 municipios, se genere un protocolo específico de atención que garantice condiciones de estabilidad para la transición de las direcciones de seguridad pública. "La implementación del nuevo sistema de justicia penal tiene una naturaleza local que no ha sido dimensionada, es responsabilidad de todos generar sinergias que posibiliten a los alcaldes salientes y entrantes, centrar en la seguridad humana, el eje que articule la nueva dinámica institucional entre seguridad y justicia" recalcó. |