La reforma educativa, la primera gran enmienda anunciada desde el primer día de la actual administración con la intención de retomar la rectoría de la política en la materia, no ha logrado una implementación total, debido fundamentalmente a la rebeldía de ocho entidades para armonizar sus leyes y a la falta de transparencia de los esquemas financieros.

De acuerdo con diversos actores, los retrasos en su aplicación son atribuibles a la falta de responsabilidad por parte de la Federación y los estados.

Para el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, el panista Juan Carlos Romero Hicks, la reforma constitucional y los cambios a la Ley General de Educación, y a dos leyes especiales: la de Evaluación y la de Servicio Profesional Docente, fueron sólo el primer paso de una reforma integral que debe llegar hasta la educación superior.

Sin embargo, ni siquiera este primer paso ha podido concretarse. En su opinión ha faltado voluntad y también que los estados y el gobierno federal asuman su responsabilidad y la transformen en hechos concretos: leyes armonizadas a nivel local y la aplicación correcta de los esquemas financieros y de transparencia de la reforma.

"Hay una situación de responsabilidad de los gobiernos locales y el federal por no poner orden, por ejemplo, los comisionados o la actualización del listado de los cargos directivos que tienen que concursarse (?) este es un primer esfuerzo muy valioso que construimos, pero hay que aplicar las velocidades: que se haga efectiva la parte aprobada y se piense en una segunda generación de reformas", dijo en entrevista.

Tras la promulgación de la reforma a finales de febrero de 2013, el 11 de septiembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto publicó las leyes secundarias. Su entrada en vigor se dio en medio de fuertes protestas e intensas movilizaciones por parte de la CNTE, que finalmente concluyeron el 13 de septiembre con el desalojo del plantón permanente que los maestros habían instalado en el Zócalo, y su repliegue al Monumento a la Revolución.

El paso siguiente era que los estados armonizaran sus leyes; sin embargo, a más de un año ocho estados no han armonizado su legislación local. Incluso, como parte de la ruta establecida a finales del año pasado se aplicó de manera parcial el Censo de Maestros, Escuelas y Alumnos de Educación Básica (Cemabe).

Los resultados fueron escandalosos: hay en México 80 mil maestros que no han pisado las aulas en años, ya sea porque están comisionados por la SEP o por el Sindicato o porque son aviadores, cobran en un plantel pero nadie los conoce; otros gozan de hasta cuatro plazas.

Estas anomalías se resolverían con la entrada en operación del Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), a partir del 1 de enero de 2015, ya que el gobierno federal será el que distribuya el pago a los maestros y no los gobiernos estatales.

Empero, al final, el Sindicato logró amarrar las prestaciones que había negociado con los estados, reveló el propio dirigente nacional del SNTE Juan Díaz de la Torre.

"El Sindicato ha buscado que lo que los maestros hemos conseguido no se pierda y no hemos perdido nada. Todas las prestaciones negociadas en las entidades están conciliadas para que a partir de enero (de 2015) que (la nómina) se retoma centralmente, prevalezcan", dijo a 24 HORAS.

Con información de 24 Horas