El secretario de Educación en el estado, Jesús Sierra Arias, coincidió con el secretario de Finanzas, Carlos Río, en que es necesario un análisis sobre el tema de la gratuidad, en ese sentido, el encargado de la política educativa afirmó que el estado no cuenta con las condiciones económicas necesarias para el pago de los convenios de gratuidad con las distintas instituciones.

En entrevista, Sierra Arias afirmó que se deben priorizar dos aspectos, el primero tiene que ver con determinar y establecer el alcance de la gratuidad, y en segundo término señaló que tal alcance tendrá que lograrse de manera paulatina conforme los presupuestos vayan mejorando.

"En este momento no estaríamos en condiciones de generar una cobertura total con independencia del alcance que tenga, mucho menos si el alcance puede ser mayor", puntualizó.

De acuerdo con el Secretario de Finanzas, el estado destina un aproximadamente 200 millones de pesos anuales al concepto de gratuidad, lo anterior tomando en cuenta colegiaturas, pago de maestros, expedición de certificados.

"Me parece que no tendríamos en este momento una referencia exacta, tendríamos que hacer un análisis con los señores legisladores, con la propia área de Finanzas y la Secretaría de Educación para determinar ese contenido y alcance de la gratuidad y finalmente ponernos de acuerdo y saber si lo vamos a sostener o cómo lo vamos a ir logrando paulatinamente", agregó.

Aseguró que a la Secretaría de Educación no le corresponde el decidir si se elimina o no el concepto de gratuidad, recordó que es tarea del Poder Legislativo, ya que la SEE como autoridad administrativa no tiene la capacidad de cuestionamiento sobre ello. "En todo caso sólo me toca ejecutar lo que ordena el legislador, pero lo que sí tengo que decir es que no tenemos las condiciones económicas", reiteró.

Ante el llamado de distintas instituciones educativas que se ven afectadas económicamente por el decreto de gratuidad, el secretario de educación afirmó que la autoridad tendrá que hablar con la verdad, ya que "el principio es que nadie está obligado a lo imposible, de tal suerte que nosotros tendremos que ofertar lo que podamos cumplir, lo que no podamos cumplir pues no se debe de ofertar y hay que decirlo con toda puntualidad".

Jesús Sierra explicó que solamente podrían ser sancionadas las instituciones educativas que cobren algo para lo que sí tienen recurso, lo anterior ante el aprieto económico que viven tales instituciones, las cuales no descartan la posibilidad de cobrar una cuota de recuperación a fin de tener ingresos, toda vez que el aporte del gobierno del estado bajo el convenio de gratuidad es insuficiente.

"Podrían ser sancionados, siempre y cuando cobraran algo para lo que sí tienen recursos, para lo que no tienen recursos, lo primero que hay que ver es si conviene o no seguir prestando ese servicio y si en un momento dado llegase a haber acuerdo entre el prestador del servicio y el que lo recibe para que ese servicio pudiera prestarse a una condición de cobrar, tendría que ser una convención entre ellos".