MAY 082020 Desde noviembre del 2018, Ernesto Núñez Aguilar promovió dicha propuesta de reforma con la intención de que el Legislativo local obtuviera un verdadero resultado en los pronunciamientos dirigidos a instancias municipales, estatales y órganos autónomos para la correcta fiscalización de sus acciones, o de lo contrario se fincaran las responsabilidades correspondientes. "Más que realizar un pronunciamiento por parte de las y los diputados de esta y cualquier otra legislatura, sin un seguimiento o resultado preciso, está el hecho de que la autoridad tiene el deber y obligación de responder o manifestarse al respecto; no minimizar ni hacer caso omiso a los comentarios vertidos en la máxima tribuna del Estado", subrayó Núñez Aguilar. Dictamen por el cual se plantearon modificaciones a las leyes Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, y la de Responsabilidades Administrativas del Poder Legislativo. Mismo que establece que dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal y de los municipios, tendrán un término de 30 días hábiles para responder sobre la viabilidad de llevar a cabo, o no los exhortos que deriven de un punto de acuerdo, o de lo contrario se fincarían sanciones no graves a funcionarios responsables de áreas. Lo anterior, toda vez que Ernesto Núñez recordó que el Congreso es el órgano constitucional que ostenta la máxima representación popular y que, además de crear leyes, también tiene como mandato controlar y fiscalizar la acción del gobierno o ente público. |