MAY 032013 El área de gestión social que tiene el Partido del Trabajo recibió por parte de la Asociación por un Patrimonio Digno Campestre Tarímbaro, una solicitud de apoyo jurídico con respecto a un incidente que los mismos colonos de este fraccionamiento catalogan como grave; ya que de acuerdo a la narración de hechos, explicaron que la tarde de este jueves, dos personas que se identificaron solamente con los nombres de Gustavo y Miguel quienes dijeron ostentar el cargo Agentes del Ministerio Público con un grupo de policías municipales de Tarímbaro se ubicaron en la casa 480 de la calle Carreta del fraccionamiento ya nombrado. En virtud de que este instituto político tiene como premisa ayudar y proteger a los que más lo necesitan, pidieron al Dirigente Estatal petista, Reginaldo Sandoval Flores la orientación pertinente al caso que enseguida se relata. Y es que estos supuestos Agentes del Ministerio Público quienes mencionan tenían aliento alcohólico llegaron hasta el domicilio arriba detallado para desalojar de la vivienda a una mujer de la tercera edad que vive solamente con dos nietos. "Al ver la situación más vecinos comenzaron a reunirse, ya que les preocupaba la situación de la vecina por ser una persona mayor. El M.P. entonces ingresa al inmueble acompañado de dos personas más, en un claro allanamiento de morada, omentos después empezaron a sacar los muebles de la vivienda con la colaboración de los policías que acompañaban al supuesto M.P. argumentando que tenían una orden de desalojo, la cual nunca quisieron mostrar ante la exigencia de los vecinos ni a la misma afectada razón por la cual los vecinos del lugar buscaron la manera de organizarse y apoyar a la afectada ya que en un instante los policías habían sacado sus pertenencias y las colocaron sobre la patrulla número 700 de seguridad pública, cabe mencionar que las patrullas acompañantes son la 703, 711 y una camioneta blanca sin placas". Continuando con el relato, comentaron que los elementos policiacos al ver que los vecinos se aglutinaban pidieron refuerzos llegando a contarse alrededor de treinta para lograr el desalojo de la mujer que al verse en esa situación comenzó a sentir una afectación cardíaca y los vecinos solicitaron una ambulancia, misma que dice el documento que emitiera "le fue impedida de llegar por alguna razón". Una vez que se leyó el documento íntegro, los compañeros designados para la gestión de este caso, determinaron que lo ocurrido fue un atropello complemente a los Derechos Humanos de la mujer, ya que incluso fue introducida a una unidad policial sin que existiera motivo. Al mismo tiempo los policías gritaban amenazas en contra de los vecinos que se encontraban en el lugar y los amenazaron cortando cartucho y sacando una bomba de gas lacrimógeno, para después amenazarlos con que regresarían "al fin y al cabo ya los tienen identificados y saben dónde viven". Los integrantes de esta asociación explicaron que la mayor preocupación es que dejaron un mensaje de que volverían y actuarían, allanando su seguridad y la estabilidad "de nuestra comunidad ya que nos tienen identificados". Finalmente, Reginaldo Sandoval Flores, instruyó al equipo de gestión jurídica a que se les apoyara en lo que necesitaran pues es una "violación clara a sus Derechos Humanos" y fue así que esta área pidió a los colonos a interponer una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como parte de las acciones que se pretenden tomar para denunciar públicamente la manera tan "ruin" de actuar de los elementos tanto policiales como de los que se dijeron ser Agentes del Ministerio Público y solicitaron el apoyo de los medios de comunicación para tal efecto. |
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