JUN 172013 En entrevista exclusiva para este medio, Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) consideró que es "necesaria y recomendable" la reapertura de los centros de reinserción que fueron cerrados en 2012, en la administración de Elías Álvarez Hernández, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), toda vez que lo ideal sería que los internos estuviesen de manera directa en el lugar donde se está llevando a cabo su proceso penal, lo cual es un derecho constitucional. Algunos de los centros que fueron cerrados estaban en Ciudad Hidalgo, Zacapu, Huetamo, Coalcomán, Coahuayana, Puruándiro y Arteaga, todos ellos prácticamente clausurados por recomendaciones del ombusman michoacano, José María Cazares Solórzano, quien los consideró violatorios de las garantías individuales de los reos, apoyado por la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, del Congreso del Estado, al frente de la diputada Laura González Martínez y del legislador Marco Polo Aguirre Chávez. En ese momento, el subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la SSPE era Manuel Alejandro Lluch García, quien según él, optó por acatar las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y cerró estas cárceles, sin embargo, el desconocimiento de Jaime Salas Serratos, a quien en ese entonces le inventaron un cargo como Coordinador de los Centros de Reinserción Social y Preventivo del Estado, no tuvo la capaciad jurídica para alertar a sus "jefes" de que no era la solución sobre el tema y en relación a ello dijo Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del STJE: Efectivamente, lo ideal es que el interno esté en el lugar donde se está llevando a cabo su proceso, porque además así lo establece la ley; sin embargo entiendo que por algunas recomendaciones en el tema de derechos humanos, se determinó (por parte de la SSPE) analizar el cierre de algunas cárceles. "No obstante, esto no obstaculiza el desarrollo de los procesos penales que se siguen haciendo, pues la propia ley instituye algunos mecanismos cuando el interno está en otro lugar, los testigos están en otra parte o algún medio de convicción esta en otro punto, estos son medios de comunicación entre tribunales porque ciertamente un juez de Morelia no podría ir a desahogar una prueba a Zamora, ya que la actuación sería nula porque estaría en una competencia territorial que no le corresponde y lo que hace el juez de Morelia es solicitar el apoyo al de Zamora, para así desahogar esa prueba y ésta tiene la misma validez que si el juez de origen la hubiera desahogado". Sin embargo, a más de un año en que fueran cerrados estos centros, el gasto es mayor para el Estado, toda vez que los internos tienen que ser trasladados ante el Juez que conoce de su proceso, eso implica gasolina, viáticos y sobre todo, el peligro y responsabilidad que tiene el personal que lleva a cabo esta función. Continúan losprocesos penales Juan Antonio Magaña explicó que cuando algún establecimiento penitenciario es cerrado y los internos son trasladados a otra área de restricción ambulatoria, se realizan exhortos entre jueces de primera instancia para el deshago de pruebas. Cuando hay pruebas que desahogar, para no interrumpir los procesos se hacen exhortos entre jueces de primera instancia y el exhorto es un medio de comunicación entre tribunales de igual jerarquía. "Para ejemplificar esto, en el caso de los internos que estaban en Zacapu y fueron trasladados a Zamora, si hay alguna diligencia que desahogar, donde tenga que intervenir el interno, el juez de primera instancia de Zacapu pide apoyo al de Zamora para que en su auxilio desahogue esa prueba, es decir, los procesos siguen y han seguido su curso (desde el cierre de estas cárceles)". Sin embargo, también genera pérdida de tiempo y tardío en la solución de los procesos según ha podido investigar este medio peo a pesar de todo ello, Jaime Salas Serratos quien cnvenció con su "brillante idea" a sus entonces "jees", hasta hace unos días continuaba en funciones de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, aparte deque tiene antecedentes de que en septiembre del año pasado hizo pedazos un vehículo oficial Dodge Avenger, color blanco, sobre el Libramiento Sur, a la altura del puente del crucero a la salida a Pátzcuaro sin que pasara nada, pues se trataba de "un alto funcionario". Igualmente, indicó que los inculpados siguen gozando de su derecho constitucional de la defensa de sus garantías, del acceso a la justicia y del derecho a la defensa, pues la defensa a su favor ha continuado desahogando los medios de apremio que establece la ley. Asimismo, añadió: "Hemos estado en pláticas con el secretario de seguridad pública, el general Alberto Reyes Vaca y el subsecretario de prevención y readaptación social, quienes me han informado que seguramente a la brevedad posible empezarán a ser reabiertos algunos de estos establecimientos penitenciarios", lo cual ayudará reducir la carga de trabajo para los juzgados aunque aunque se les a olvidado que algunos de ellos ya fueron entregados en forma oficial a las presidencias municipales. No hubo notificación de cierre El funcionario manifestó que aparentemente cuando los centros de reinserción fueron cerrados esto no fue notificado al STJE: Yo me encontraba como titular de un órgano jurisdiccional de segunda instancia, no tuve conocimiento de esa situación, desconozco si hubiese alguna notificación, pero entiendo que no fue así, no obstante se tomó como conocimiento por parte del Tribunal para que esto no fuera un impedimento que retardara el desarrollo de los procesos. "Sin embargo, a partir de mi llegada a la presidencia del Tribunal este es uno de los primeros temas que he tomado y por ello hemos dialogado con el secretario, y creo que vamos avanzando bien para lograr la reapertura de algunos de estos centros penitenciarios", finalizó |
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