JUL 042016 Cerca del 60 por ciento de los presos indígenas en el país, no tuvieron acceso a un traductor, informó Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). En entrevista, mencionó que actualmente hay poco más de 8 mil presos indígenas en todas las cárceles de México, por lo que el no contar con un traductor, vulnera gravemente sus derechos. En Michoacán, dijo, existen algunos casos, sin precisar el número de presos con estas características. Sin embargo, la entidad se encuentra dentro de los diez estados donde mayor número de casos se registran, pese a que existen 22 traductores en la geografía michoacana. Mencionó que, gracias al trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en 2015 poco más de 200 personas lograron su libertad al contar con uno de los más de 660 traductores de lenguas nativas. "De los 664 intérpretes, se atiende el 60 por ciento de los casos, según el tipo de incidencias. Por supuesto que nos falta el 40 por ciento, por lo que debemos seguir formando traductores para que todos cuenten con uno. Porque el reto es mayor, aunque hubiera una persona que habla poco español, tienen el derecho de dar sus declaraciones en su lengua materna", señaló. Por esta razón, este lunes el Poder Judicial de Michoacán y el INALI signaron un convenio de colaboración para fomentar la participación de traductores de lenguas madre en los procesos penales de la comunidad indígena. Al respecto, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Marco Antonio Flores Negrete, comentó que este convenio, permitirá proveer de mejor manera el acceso a la justicia de los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas del estado. "Para la Judicatura Federal, no pasa desapercibida la problemática que enfrentan nuestros indígenas para hacer realidad el mandato constitucional configurado en su derecho fundamental a una impartición de justicia pronta y expedita, de calidad y en forma de los postulados de la ley y el derecho. En efecto, las diferencias linguisticas son en muchas ocasiones, verdaderos impedimentos que ponen en entredicho la objetividad de los procesos constitucionales", expresó. |
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