ABR 192016 Con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, damos un paso sólido para que la ciudadanía conozca con exactitud hacia dónde van los recursos públicos y en qué son utilizados, afirmó el legislador federal, Guadalupe Hernández Alcalá. Luego de votar a favor de la nueva norma que también permitirá a las y los michoacanos conocer en qué se invierten con exactitud los recursos públicos, el diputado por el Distrito 07 de Zacapu, manifestó que con la nueva norma los perredistas reivindican su compromiso con la sociedad atendiendo una de sus más sentidas preocupaciones, que es el combate a la corrupción y la opacidad. "Hemos dado un paso en la dirección correcta para atemperar la opacidad y, en consecuencia, la corrupción del sistema nacional; para sentar las bases jurídicas que den herramientas para erradicar estos vicios de la entraña del Estado mexicano", sostuvo. El diputado federal externó que con la aprobación de la norma no se podrán reservar datos y se podrá tener la verdad respecto a lo ocurrido en casos como el del 6 de enero del 2015 en Apatzingán o el del 23 de mayo del año pasado en Tanhuato. "Lupo" Hernández, sostuvo que la gente del Distrito 07 de Zacapu voto por él para poder lograr mejores condiciones de seguridad, combatir la desigualdad, la corrupción y con ello la rendición de cuentas, es por ello, afirmó que con la norma aprobada sigue cumpliendo con sus metas establecidas en la campaña. Informó que a propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se garantiza la transparencia en materia energética "e incluimos a las empresas productivas del estado, filiales y subsidiarias para saber qué características y alcances tendrán los contratos, a efecto de inhibir potenciales actos de corrupción y transparentando todo este proceso, obligando a que se cumpla con las disposiciones específicas en materia de transparencia energética", expuso. Agregó que se logró establecer que ninguna autoridad como sujeto obligado, pueda reservar información tratándose de violaciones graves a los derechos humanos, a delitos de lesa humanidad o actos de corrupción. "Con esta Ley, instituciones como la PGR, la Secretaría de Gobernación, o los gobiernos de los estados, no podrán justificar actos de corrupción, escudándose en la omisión de la Ley o en la opacidad de la misma", externó. |
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