SEP 102014 El decreto del Congreso del Estado que declara la tauromaquia como patrimonio cultural de Michoacán, tiene vicios de origen, por lo que su aprobación en el pleno por parte de los legisladores del PRI y PAN es ilegal. De acuerdo al secretario de Economía Solidaria del comité nacional de Morena, Alfredo Ramírez, "la aprobación del decreto es ilegal, ello por el vicio de origen que contiene el dictamen de la comisión de cultura de esa legislatura, ello porque el presidente de dicha comisión, el diputado Leonardo Guzmán, sin atribuciones, ni facultades legales, firmó el dictamen a nombre de otro legislador integrante de esa comisión, por lo que el dictamen tiene vicios y resulta ser nulo". "Resulta escalofriante, que el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado del PAN, Alfonso Martínez, haya permitido e impulsado que un dictamen con ese vicio de origen se hubiese discutido y aprobado en el pleno, es decir, pese a que no existían condiciones legales para su aprobación, por las irregularidades y vicios del proceso legislativo, el panista indebidamente impulsó la aprobación de un acto ilegal, cuando lo que debió hacer Martínez Alcázar fue evitar que ese dictamen subiera a pleno, se discutiera y aprobara", mencionó el integrante de Morena. Queda claro que Alfonso Martínez tenia la indicación de aprobar e impulsar el inmoral decreto que sobresalta la tauromaquia, ello aunque hubiera que aprobar un acto legislativo que desde su origen está lleno de vicios y por consecuencia fuese ilegal; al diputado no le importó que se haya violentado el proceso legislativo, es decir, él mismo violenta y promueve la violación al estado de derecho. "Derivado del vicio de origen del dictamen en comisiones y por ser en consecuencia ilegal el decreto, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, tiene la obligación de no publicar ese decreto, además de que tiene la facultad constitucional de conformidad con el artículo 37 fracciones IV y VI de la Constitución del estado de hacer observaciones al decreto y regresar el documento al congreso para un nuevo análisis, debate y discusión, teniendo diez días para devolverlo al legislativo con sus observaciones a partir de que le fue remitido, por lo que la responsabilidad de retomar la legalidad en el asunto, recae en este momento en el gobierno del estado, por lo que es de esperarse que el ejecutivo esté a la altura de las circunstancias", señaló Ramírez Bedolla. |
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