FEB 192020 El dictamen presentado por los diputados integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, concluye que en la denuncia de juicio político presentada contra los funcionarios municipales, no se advierte que se les atribuya e imputen actos u omisiones que deriven del ejercicio de sus funciones como servidores públicos y que causen perjuicio a los intereses públicos. Es decir, no existe señalamiento alguno que conduzca a evidenciar alguna conducta irregular derivada de su desempeño como Presidente Municipal, Síndica, regidoras y Regidor de la Administración Pública Municipal de Zinapécuaro. Lo anterior, en razón de que las constancias que se adjuntaron como medios de prueba, como es la falta de cumplimiento del contrato de obra pública, así como la falta de cumplimiento de la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, no es materia de Juicio Político al no actualizarse ninguno de los supuestos establecidos en la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Destaca también que los servidores públicos, están sujetos a un sistema de responsabilidades a través del cual deban responder ante la colectividad por sus conductas, siendo susceptibles de responder cuando no han cumplido debidamente las tareas que la colectividad les ha confiado, sin embargo, no es el Juicio Político la vía para hacer cumplir a las autoridades señaladas como responsables el cumplimiento de un contrato o una resolución que solo afecta a una persona moral. |
| Analistas |
 Ignacio Martínez ¿Educación en riesgo? |
 Alejandro González Cussi Libertad de expresión: cuando el disenso se vuelve peligroso |
 Alejandro Vázquez Cárdenas La tiranía de la mayoría |
 Julio Santoyo Políticas de odio. |
 Erick Avilés Tecnología criminal contra los jóvenes. |
 Jorge Álvarez Banderas Propuesta de Reformas Fiscales 2026. |
