El edén del Nuevo Sistema de Justicia Penal

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ABR
04
2013
Staff IM Noticias Morelia, Mich.
Al conocer sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) éste parece un verdadero edén, pues está encaminado a preservar varios derechos, tales como: el derecho a la presunción de inocencia, el de la intimidad, el de la propia imagen y el de protección a datos personales, además de privilegiar la justicia alternativa ante la prisión preventiva, para así no tener cárceles hacinadas y llegar a una mejor resolución de conflictos, entre otras cosas, que apuntan a la transparencia.

No obstante, para funcionar, el NSJP requiere de una gran inversión económica de varios millones de pesos, que son eso: varios millones de pesos; destinados a pagos de operadores del mismo, infraestructura (creación de salas orales y modificación de juzgados) y capacitación, aunque en puerta Michoacán tiene una deuda pública de aproximadamente 23 mil 968 millones de pesos, según el propio gobierno del estado.

Igualmente, se necesita que jueces, policías y fiscales estén preparados, pero esto no solo incluye al personal de la Procuraduría, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado o del Tribunal de Justicia Estatal sino también al de los municipios, como lo son agentes municipales y síndicos, muchos de los cuales hasta ahora no tienen ni idea de qué es el NSJP.

Y exactamente es en los municipios, donde todavía los policías, que son hermanos, hijos, sobrinos o lo que sea del presidente o de otro funcionario, siguen recogiendo con las manos casquillos percutidos de una escena del crimen y pasan por todo el lugar manchándose las botas con sangre, de acuerdo con lo visto por este medio en varias coberturas informativas.

Siendo positivos, en caso de que se les capacite para el NSJP, la pregunta sería: ¿Qué candado habrá para no remover ya a ese personal debidamente preparado, ante un cambio de gobierno?, ya que cada administración municipal, por su autarquía, trae consigo a su "gente".

A lo anterior, se suma otro problema: todos los que participen en este nuevo Sistema, que promueve la transparencia y el combate a la corrupción, deberán ser funcionarios confiables, pero debido al déficit económico que hay en el estado siguen trabajando en varias corporaciones policiacas muchos elementos que reprobaron sus exámenes de control de confianza porque no hay dinero para pagarles e indemnizarlos.

Como ejemplo, en el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en una entrevista dada a los medios de comunicación en febrero de este año, el titular de la misma, Placito Torres Pineda reconoció: "De los exámenes de control y confianza que se tienen que hacer, hasta ahora llevamos entre el 70 y 80 por ciento (de 2 mil 300 empleados de la Procuraduría). Y los que no lo han acreditado, que son entre el 20 y 30 por ciento, no han sido despedidos porque falta el dinero para la indemnización".

Al mismo tiempo dijo que si estas personas fueran despedidas habría una carencia de personal en la dependencia que dirige, y agregó que no hay mucha respuesta de la gente para querer pertenecer a la Procuraduría, pues las convocatorias que han sacado de reclutamiento han tenido poco éxito.

En ese entonces, añadió que hay una escasez de un 40 por ciento respecto a policías ministeriales y un 10 por ciento en agentes del Ministerio Público, pues los primeros suman cerca de 800 y los segundos 380, mismos que dan servicio a una población de más de cuatro millones de habitantes en Michoacán, sumados a los cerca de mil 800 policías estatales y a los modestos policías municipales, que con uno, dos o diez oficiales abarcan grandes municipios.

Para el NSJP se ocupa de mucha gente que lo opere, que lo "mueva" y que esté debidamente capacitada, no puede haber, por ejemplo, una Policía Investigadora o Científica, que haya pasado un "cursito" de solo unos meses, pues lo que se requiere es profesionalismo, también se necesita de mucho dinero, y el Nuevo Sistema ya está a la vuelta de la esquina, se aplazó hasta el próximo año, pero con todos estos obstáculos no sorprendería que se prorrogara hasta el 2016, cuando entrará en vigor en todo el país y posiblemente para ese entonces tampoco estaremos preparados.



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