SEP 232025 Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, confirmó que el teléfono celular del funcionario fue la pieza clave. Desde ahí se grababan y subían a la página los videos que, durante días, alimentaron la narrativa de un supuesto grupo armado indígena. Ese aparato, ahora en poder de las autoridades, es el centro de las investigaciones que corren en paralelo entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, el ex funcionario permanece bajo prisión preventiva. El juez calificó de legal su detención y se le imputan los delitos de cohecho y rebelión. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, que venció este lunes y ahora ha sido vinculado a proceso. El fiscal Torres Piña aseguró que hay una vigilancia constante, tanto por personal de la institución que dirige como por elementos de Seguridad Pública, para garantizar que el detenido esté en condiciones de enfrentar las entrevistas y diligencias que se le practicarán. El trasfondo, sin embargo, es más profundo, un Ayuntamiento con vínculos criminales, una puesta en escena que usurpó la identidad de los pueblos originarios y un intento de sembrar miedo bajo una bandera falsa. Apenas días atrás, la detención de Luis Ángel derivó en un episodio insólito: tres hombres armados irrumpieron en una patrulla clonada con colores de la Policía Municipal, intentando rescatarlo. No lo lograron y hoy también enfrentan procesos legales por portación de armas y por conducir un vehículo robado. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no dejó lugar a dudas: "Se trataba de una maniobra de manipulación mediática. Yo lo dije desde un principio: no eran auténticos, era una usurpación. No habrá impunidad". Así, la crónica de Jiquilpan retrata una caída abrupta, de la silla del segundo cargo más importante del Ayuntamiento, a la celda de un penal bajo la sospecha de haber alimentado una farsa criminal. |
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