JUL 062016 Los senadores acordaron modificar el Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidad Administrativas con el objetivo de eliminar la obligación de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses. Los miembros de la Cámara Alta consideraron que esta obligación resultaba innecesaria, debido a "que permitir a las autoridades conocer la información de las declaraciones de los particulares no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción". Presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses podría también afectar la vida privada de las personas, poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal, agregaron los legisladores. Luego de que distintos grupos de la sociedad, y en particular los empresarios, mostraran su inconformidad, el pasado 23 de junio, Peña Nieto vetó parcialmente la Ley 3 de 3. Al hacer pública la decisión, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, informó que el Ejecutivo devolvería al Senado el Artículo 32 incisos "B" y "C" de dicha ley, así como 15 artículos relacionados por considerar que contenían medidas excesivas que afectarían la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción. Una vez que las comisiones de Anticorrupción, Estudios Legislativos Segunda y Justicia avalaran por la mañana las observaciones del Ejecutivo federal, el pleno del Senado, reunido en sesión extraordinaria, dictaminó que de no modificar los artículos observados se aplicaría dicha obligación a personas que reciben beneficios de programas sociales, estudiantes que gozan de becas de entidades públicas, o bien personas físicas que prestan servicios a empresas con cualquier tipo de contrato público. Aunque los senadores del PAN reconocieron que las observaciones del Ejecutivo "les enmendó la plana", los legisladores del PRD y del PT señalaron que Peña Nieto hizo a un lado la exigencia de modificar el Artículo 29 para que las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal de los funcionarios públicos estén bajo el principio de máxima publicidad. La Cámara Alta envió la minuta a la Cámara de Diputados para que se analice y discuta. |
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