La Secretaría de Educación del Estado no tiene temor ni tampoco se trata de falta de autoridad, así lo expresó el titular de dicha dependencia, Jesús Sierra Arias, al responder a las voces que piden que se sancione a los profesores faltistas.

Afirmó que el hecho de que la dependencia a su cargo no pretenda sancionar a los maestros que se encuentran en paro desde que arrancó el ciclo escolar es que la SEE busca actuar con prudencia.

Explicó que México vive un momento complicado para la sociedad, en el que la autoridad tiene que ver que la acción que tome atienda la solución del problema y no intensifique el mismo, así mismo dijo respetar las declaraciones de diversos sectores que han hecho llamados a la dependencia encargada de la política educativa para sancionar a los maestros de la CNTE.

Jesús Sierra Arias afirmó que se tiene que esperar a que termine el periodo de sesiones del legislativo para conocer el resultado de la totalidad de las leyes reglamentarias y a su vez observar cómo reacciona la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y así poder tomar una decisión.

Sin embargo, aunque la CNTE habla de un promedio del 75 por ciento de las escuelas en todo el estado que se han sumado al paro, el secretario de educación sostiene que solamente el 10 por ciento de las escuelas han parado sus actividades, cifra que se acerca a las que dio la secretaria general de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Angélica Reyes.

Cabe mencionar, que el secretario de educación confía en que este lunes se puedan reanudar las clases, toda vez que aún no está lista la ley reglamentaria del Servicio Profesional Docente, lo cual, dijo, representa para los profesores democráticos una oportunidad de ser escuchados y de proteger sus derechos.

Sierra Arias confió que el escenario que se vislumbra para Michoacán, una vez concluido el periodo de sesiones no sea el mismo que se vive en el Distrito Federal, ya que expresó que el magisterio democrático tiene la conciencia de que el gobierno del estado no tiene las capacidades legislativas para modificar una eventual reforma.

En ese sentido, una vez aprobadas las leyes reglamentarias en su totalidad se tendrá que anteponer el diálogo, además de conocer los mecanismos aprobados y cómo se podrían aprobar de acuerdo con las particularidades de Michoacán.