Es muy importante que, en el marco de sus atribuciones legales, así como en el alto imperativo ético que implica conducir la formación inicial docente en Michoacán, un estado sumido en la pobreza, el abandono, el rezago educativo y, más dolorosamente, en el pantano impune de la corrupción, la simulación y el discurso fementido, donde se hace creer a la población que, el sistema educativo estatal funciona sin dar evidencias de ello, mientras se subutilizan, desvían o saquean los recursos destinados al desarrollo integral de las generaciones en formación, principalmente a hacer realidad los derechos a estar, aprender y participar en condiciones dignas y seguras en las escuelas michoacanas.
Por lo anterior, ha sido escandaloso el uso y costumbre que prevalece al interior de las escuelas normales de generar cursos de inducción a los estudiantes de nuevo ingreso.
Antes, tenían toda la cadena de procesos plenamente controlada. Los aspirantes pagaban fichas de admisión con sobreprecio en el mercado negro, recibían cursos preparatorios al examen de admisión en precios exorbitantes, pagaban exámenes resueltos en decenas de miles de pesos, o llanamente compraban el lugar sin siquiera hacer examen. Desde 2022, esto se ha modificado sustancialmente, al introducir un proceso abierto para la obtención de fichas de admisión, la aplicación de un examen de ingreso por parte de una instancia externa confiable, como es el CENEVAL, secundada por la publicación de la lista de prelación resultante.
Desde ese año y hasta la fecha, de esta manera inicia la escolarización en una escuela normal en Michoacán. Hay que aplaudir que así sea. Fue una petición y propuesta que, desde Mexicanos Primero capítulo Michoacán realizamos públicamente a la autoridad desde 2009. Sin embargo, esta es solo la fase inicial de la formación de docentes en la entidad.
Acto seguido, inicia el proceso de inscripción, los cursos de inducción y, finalmente el arranque del ciclo escolar. Cuatro años dura la formación normalista, más los periodos de servicio social, prácticas profesionales y el proceso de titulación.
Entonces, blindar el proceso de selección de aspirantes es apenas una pequeña parte de un largo camino que acrisola a los maestros michoacanos, quienes habrán de formar, desde un aula de escuela pública, a 40 o 50 generaciones de estudiantes. En ello estriba la crucial importancia de la formación inicial docente: en que están en buena medida en sus manos los sueños, aspiraciones y esperanzas de la sociedad del futuro.
El autogobierno que han generado grupos al interior de las escuelas normales pugna por su supervivencia y seguir medrando con las juventudes con vocación magisterial. Para tales efectos, han ideado y operado cursos de amedrentamiento hacia los estudiantes de nuevo ingreso. En ellos, los vejan, acosan, humillan, intimidan y comprometen de todas las maneras posibles a su alcance, muchas de ellas pasando sobre la delgada línea del respeto a los derechos humanos y al Código Penal del Estado de Michoacán.
El cúmulo de ambiciones e intereses en torno a tener control de los normalistas han logrado hacer zozobrar la centralidad de las actividades académicas en los nueve planteles que ofertan formación inicial docente con modalidad de sostenimiento pública en Michoacán de Ocampo.
El personal directivo ha mostrado una actitud evitativa respecto a las responsabilidades obvias que recaen sobre de sí, tanto ética como normativamente. Mientras que, la autoridad ha mostrado prudencia ante la situación, lo que debe dimensionar la envergadura de los intereses subyacentes.
Es un hecho que a los militantes del movimiento normalista se les ha empleado política y electoralmente, golpeando en situaciones que muy poco o nada tienen que ver con la formación inicial docente.
Pero también es un hecho que, las normales no son cuarteles ni campos de adiestramiento: son el origen y esperanza de la educación en Michoacán. Por ello, genera profunda indignación la manipulación de los estudiantes.
Porque cuando las escuelas que deberían formar a nuestras futuras maestras se convierten en centros de abuso, no solo se lastima a unas cuantas estudiantes: se hiere el corazón mismo del sistema educativo mexicano.
Me refiero a lo que ha sucedido —una vez más— en el campamento de inducción de la Escuela Normal para Educadoras "Profr. Serafín Contreras Manzo", en Morelia.
Denuncias anónimas, extensas y dolorosas nos han revelado que jóvenes aspirantes fueron humilladas, hostigadas, incomunicadas, insultadas y puestas en riesgo físico y emocional por el llamado "comité estudiantil" de esa institución.
Les retiraron los celulares. Las expusieron al sol por horas, sin agua. Les sirvieron comida sucia, con sobras de días anteriores, con cáscaras de huevo y té salado. Las obligaron a firmar cartas-compromiso para participar en marchas, bloqueos y tomas de camiones. Si se desmayaban, nadie podía ayudarlas. Si se quejaban, eran sancionadas.
Esto no es formación, es abuso. Esto no es concientización política, es violencia organizada.
Y lo más grave: las autoridades escolares lo saben… y lo permiten.
No lo olvidemos: lo que pasa en las normales, tarde o temprano, termina afectando la calidad de la educación que reciben nuestros hijos e hijas.
No se trata solo de preparar docentes: se trata de moldear el futuro del país. Por eso, cada escuela normal debe ser un centro de excelencia, no una cueva de adoctrinamiento sectario ni un campo de entrenamiento violento.
Es tiempo —¡ya es tiempo! — de exigir que las futuras maestras respondan desde ahora a los intereses educativos de México, no a las instrucciones de grupos fácticos que se creen dueños de la educación normalista.
Porque la educación pública no puede estar secuestrada. Ni por sindicatos, ni por pseudo-comités estudiantiles, ni por quienes han confundido la formación crítica con el abuso del poder.
Sí, ya se aplicó el examen de ingreso vía CENEVAL. Pero eso no basta. No podemos conformarnos con una medida técnica mientras paralelamente se pisotean los derechos humanos.
Lo que exigimos es mucho más profundo: La recuperación total de la rectoría de la educación en Michoacán. Y esto implica poner fin al autoritarismo estudiantil, a la opacidad institucional, y a la falsa narrativa de que quien denuncia estos abusos "ataca a la educación pública".
Defendamos el derecho de las jóvenes a formarse como maestras con dignidad, con respeto, con libertad. Porque el derecho a ser educadora no puede depender de pasar una semana de tortura psicológica, ni se gana firmando una carta de lealtad a un grupo político y de interés.
Los directivos de la Normal Serafín Contreras Manzo deben responder cuántas denuncias más necesitan para actuar. Las autoridades educativas estatales deben considerar a cuántos padres más tienen que ver indignados por haberse desmayado sus hijas para que reaccionen. Y el gobernador de Michoacán debe acabar con este control paralelo que pisotea la legalidad en las normales.
No permitamos que siga la violencia normalizada, el adoctrinamiento forzado y la sumisión como forma de ingreso al sistema formador de maestras.
Las jóvenes que llegan con ilusión a una normal merecen respeto. Merecen libertad para pensar, para cuestionar, para disentir. Merecen formación académica de excelencia, no simulacros de guerrilla ideológica. Merecen salir con una vocación fortalecida, no con traumas, miedo ni deshidratación.
Porque las escuelas normales no son campos de adiestramiento. Son el origen de la educación pública. Y ahí es donde debe comenzar la excelencia, no la violencia, que hoy pareciera ser el lenguaje que más resuena en Michoacán.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C