La inseguridad en México ya no es solo una crisis, es una condición permanente. Bajo la continuidad de esa cosa llamada "Cuarta Transformación", el país sigue atrapado en una espiral de violencia que, lejos de resolverse, se ha minimizado o de plano normalizado en el discurso oficial mientras la ciudadanía vive otra realidad. Homicidios, desapariciones, impunidad y grandes territorios bajo control del crimen organizado definen el día a día de amplias regiones del país.

Aunque el gobierno presume reducciones marginales en los homicidios, México sigue figurando entre los países más violentos del mundo fuera de escenarios de guerra. Ciudades y estados mexicanos aparecen de forma recurrente en los listados internacionales de mayor tasa de asesinatos. A ello se suma un dato aún más alarmante: más de cien mil personas desaparecidas, una tragedia humanitaria que exhibe la incapacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes.

El problema central no es solo la violencia, sino la impunidad. En México, alrededor del 90 % de los homicidios no se resuelven. La probabilidad de que un asesino sea identificado y castigado es mínima, lo que envía un mensaje devastador: delinquir no tiene consecuencias. Esta impunidad estructural alimenta el poder del crimen organizado y erosiona la confianza social en las instituciones.

Las fuerzas encargadas de la seguridad pública muestran graves carencias de preparación, equipamiento y profesionalización. La apuesta por la militarización no ha logrado restablecer la paz ni fortalecer el Estado de derecho. Por el contrario, muchas policías civiles siguen debilitadas y las fiscalías son incapaces de construir casos sólidos. Mientras tanto, carreteras en estados como Michoacán, Guanajuato o Sinaloa se han convertido en rutas de alto riesgo, controladas de facto por grupos criminales que imponen bloqueos, extorsiones y secuestros.

Las causas de esta crisis son múltiples: corrupción, colusión entre autoridades y criminales, desigualdad social, abandono de políticas preventivas y una estrategia de seguridad basada más en la narrativa política que en resultados medibles. El combate al crimen ha sido fragmentado, reactivo y sin una visión integral de largo plazo.

¿Qué hacer? México necesita una reforma profunda del sistema de justicia, fiscalías autónomas y profesionales, policías civiles bien capacitadas y una política de prevención que ataque las causas sociales de la violencia. Sin esto, cualquier estrategia será solo contención temporal.

Si el país persiste en este rumbo, el pronóstico es claro: más territorios perdidos, más violencia normalizada y una sociedad cada vez más acostumbrada a vivir con miedo. La inseguridad no puede seguir siendo el costo asumido de la inacción política. La paz no se decreta; se construye, y México lleva demasiado tiempo posponiendo esa tarea.

Alejandro Vázquez Cárdenas