Las y los legisladores de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, votaron a favor de la Minuta con Proyecto de Decreto mediante la cual se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Extorsión.

De acuerdo con el dictamen puesto a consideración del Pleno por la Comisión de Puntos Constitucionales, la reforma tiene como finalidad generar desde el marco constitucional y posteriormente con la ley general, la persecución del delito de extorsión, lo que permitirá consolidar la estrategia nacional en la materia, además de generar las condiciones para cortar lo que se considera la principal fuente de financiamiento del crimen organizado.

Tras su aprobación, el Congreso del Estado remitirá al Senado de la República la Minuta mediante la cual se faculta al Congreso de la Unión para emitir las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de extorsión, a fin de homologar los ordenamientos jurídicos que darán paso a la coordinación política e institucional con miras a su erradicación.

Ante el Pleno de la 76 Legislatura, las y los legisladores se estableció que la extorsión es un delito que afecta a dos bienes jurídicos tutelados: la libertad y el patrimonio, ya que el primero es el camino para llegar al segundo. "Es pues que el objeto material de esta acción, inminentemente es la persona física en la que recae la violación moral, y que da como resultado la transgresión a bienes muebles, inmuebles e inmateriales".

En las consideraciones del Dictamen se precisó que hay tres razones que generan la extorsión en Centroamérica: el crimen organizado, quien con la práctica de la extorsión y los recursos que obtienen, adquieren armas de fuego y droga al mayoreo; la tecnología celular, que permite la expansión del delito, sin la presencia del extorsionador; y, los imitadores criminales, que dan origen a nuevos grupos independientes que se aprovechan de las formas de la extorsión.

Con la reforma constitucional, se otorgan facultades al Congreso de la Unión para armonizar y unificar criterios en una ley general para combatir el delito de extorsión, lo que permitirá eliminar ambigüedades en las distintas leyes locales, facilitando que la ciudadanía tenga mecanismos claros para ser atendidos, y que las autoridades atiendan a protocolos y procedimientos para la investigación y persecución de esta agresión.

Las y los legisladores michoacanos establecieron que la extorsión es fundamental para la paz de la sociedad, ya que no solo es una afectación económica para las personas, sino crea un ambiente de miedo y desconfianza que aminora el tejido social del Estado. Por lo cual es importante perseguir este delito para fortalecer la seguridad pública y las instituciones encargadas en su persecución.